Seguridad ciudadana y pena de muerte
En las demagogias, las políticas públicas siempre están fundadas en los humores sociales. En las democracias, las decisiones de gobierno muchas veces deben contradecir los humores sociales cuando ellos son contrarios a la ley o a los derechos humanos.
El reclamo de seguridad social en una democracia jamás puede justificar la tortura ni la pena de muerte. Sin embargo, importantes amigos y asesores del Gobierno nacional no piensan lo mismo.
El ideólogo del presidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, nos ha comunicado a los argentinos que la sociedad está muy entusiasmada con la pena de muerte.
Aquí van algunas reflexiones para los mensajeros de la mano dura y los del falso garantismo.
a. En la Argentina han fracasado todas las políticas públicas en materia de seguridad basadas en simples y masivos aumentos punitivos. El peor ejemplo fueron las leyes Blumberg, de 2003, expresiones del humor social de la época y receptadas por un gobierno inescrupuloso en materia de derechos humanos, que sólo buscaba congraciarse con el reclamo de sangre de una sociedad lastimada por el crimen urbano. De nada le sirvieron a la sociedad esas reformas penales o procesales.
b. La seguridad ciudadana es hoy el nuevo paradigma de derechos humanos en el siglo 21. El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2009 habla con claridad de este nuevo derecho humano. Es un concepto que reemplaza al antiguo de seguridad pública o seguridad del Estado. No es el Estado ni lo público, sino la sociedad el objeto de la protección y de la garantía de derechos humanos.
Este nuevo concepto de seguridad ciudadana como derecho humano no se reduce a la intervención de fuerzas policiales o del sistema Judicial, sino que comprende educación, salud, trabajo y seguridad social.
Seguridad ciudadana es así sinónimo de seguridad democrática. Y en este nuevo concepto, la pena de muerte está prohibida. Pero también debe aclararse que la seguridad ciudadana no es una mala palabra asociada al terrorismo de Estado. Es un derecho humano que los falsos garantistas insisten en no reconocer como tal.
c. Los asesores del Gobierno nacional que defienden la mano dura o la pena de muerte seguramente desconocen el caso 12.254 ante la Comisión Interamericana, de Víctor Saldaño c/EE.UU.
La Comisión Interamericana firmó tres informes de fondo en los últimos dos años y en ellos se declara que la pena de muerte impuesta al argentino Víctor Saldaño es ilegal en el marco del sistema judicial estadounidense y que, como consecuencia de esa ilegalidad, el argentino padece una situación de tortura desde hace 21 años, similar a la de los presos en Guantánamo.
Esta tragedia de Saldaño nunca ha movilizado el apoyo del Gobierno nacional ni el apoyo de la provincia de Córdoba.
En este precedente internacional, inédito en materia de derechos humanos, se demostraron dos cosas: la inutilidad absoluta de la pena de muerte para bajar los índices de criminalidad y el racismo como pauta que impregna la pena en el sistema judicial estadounidense.
En Estados Unidos no hay ninguna diferencia en el índice de criminalidad urbana entre los 32 estados que tienen la pena de muerte y los 18 que no la tienen.
d. Otra cosa por decir es que si queremos hablar en serio de un cambio de doctrina en materia de seguridad ciudadana, ese cambio comienza con un cambio en la política criminal del Estado. Mayor seguridad ciudadana se logrará cuanto mayor sea la confianza social en la Justicia argentina.
Ese es el huevo de la serpiente de la inseguridad en la Argentina de 2018: la desconfianza del argentino en la Justicia, basada en la impunidad de los delitos del poder político y del poder económico. Si no se logra corregir esa endemia, que es la de la corrupción impune, nunca tendremos confianza social en la Justicia y nunca tendremos garantías de seguridad ciudadana.
Un informe del Colegio de Abogados de Córdoba de octubre de 2017 muestra que un 82 por ciento de los argentinos tenemos escasa, baja o nula confianza en la Justicia.
Y esa desconfianza está centrada en que la Justicia nunca logra condenar los delitos del poder político y del poder económico. Que la Justicia argentina funciona de manera muy semejante a lo que Honoré de Balzac definía a fines del siglo XIX como la “justicia del poder” en la etapa de la restauración imperial napoleónica.
La impunidad que en Argentina tienen la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas (Convención de Palermo) es el sustento primario de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que hay que corregir, más que rearmar a la Policía.
De nada le servirá al argentino una reforma al Código Penal o al Código Procesal Penal que se limite a ordenar un desorden normativo tal como se proyecta actualmente. Es la política criminal del Estado la que debe cambiar. Y una política criminal de cambio tiene que redefinir la dirección y el peso de la pretensión punitiva del Estado y buscar que haya castigo eficaz y en plazo razonable para los delitos del poder.
Sólo así la sociedad argentina podrá convencerse de que hay un cambio en serio. Y sólo así podrá la sociedad volver a confiar en la Justicia y en la ley.
Sin confianza social en la Justicia y en la ley, no existe ninguna posibilidad de garantizar seguridad ciudadana.
En este punto, se asemejan mucho los metadiscursos de Raúl Zaffaroni con los de Jaime Durán Barba. Ambos comparten un escaso compromiso con las reglas de la democracia.
A Zaffaroni no lo convence mucho el voto popular como fundante de un período de gobierno y a Durán Barba no lo convence nada el límite que los derechos humanos ponen al sistema punitivo, y en particular a la pena de muerte.
Con 34 años de democracia, los argentinos debemos saber que no nos sirve el supuesto garantismo de Zaffaroni, que en los hechos protege y ampara a la corrupción del poder, como un instrumento válido de “liberación de los pueblos del neoliberalismo”.
Tampoco nos sirve la ideología de los Durán Barba, para quienes los derechos humanos, lejos de ser un compromiso humano y social, son una “molestia” política que los gobiernos deben tolerar.
* Expresidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación; abogado defensor del condenado a muerte Víctor Saldaño