La inflación y los delitos tributarios Paula Martínez
Un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de hace cinco años. Esto, que parece muy obvio cuando hay una economía inflacionaria, en Argentina no se aplica en numerosas situaciones, entre ellas, la condena de delitos tributarios.
En los últimos tiempos, la difusión de una instrucción del procurador general interino Eduardo Casal generó un gran revuelo cuando intentó evitar el principio de la aplicación de la ley penal más benigna en casos de evasión. Sucede que, en la reforma impositiva de diciembre último, se elevaron los montos mínimos para considerar punibles los delitos tributarios. El cambio se basó en que los valores vigentes hasta entonces eran de 2011 y, con la inflación de los últimos años, habían quedado desactualizados.
Con el cambio de la ley, varios jueces habían dictado sobreseimientos y la intención del procurador es que los fiscales apelen ese fallo. El caso más conocido es la liberación parcial de culpa de Lázaro Báez en una cuestión de aportes a la seguridad social y la liberación total de dos de sus hijos en este caso.
Con su instrucción a los fiscales para que apelen estos sobreseimientos, Casal intenta frenar la aplicación de la ley penal más benigna en delitos tributarios y de contrabando cuando el aumento de las sumas mínimas punibles responde “al fin de actualizarlas para compensar la depreciación sufrida por la moneda en la que están expresadas”.
Los abogados tributaristas aclaran que esta instrucción es contraria a derecho y no va a prosperar. “No parece razonable cuando en 2012, el entonces procurador Righi realizó una similar y la Corte Suprema no lo avaló en más de 500 casos. Esto va a generar un desgaste inútil de recursos”, remarca la especialista María Vázquez.
Así las cosas, es muy probable que numerosas personas procesadas por evasión queden libres de culpa y cargo, simplemente porque la inflación, a lo largo del tiempo, hace que se suban los límites punibles. Para alguien que está apenas por encima de los mínimos, bastaría con estirar el proceso judicial para ver si la legislación eleva ese monto y no queda alcanzado.
El marco actual, además, trata en forma inequitativa a dos personas que cometen el mismo delito, pero en distintos momentos del tiempo.
Supongamos el caso de una persona que en 2013 evadió un millón de pesos, hoy quedaría sobreseído, mientras que otro que evadiera 1,5 millones de pesos sería penado. En realidad, el primero lo hizo por un monto muchísimo mayor si se tomaran los valores constantes, actualizados por inflación.
Con este escenario, la solución no parece ser la del procurador Casal, ya que la propia Corte evitó avalar su criterio.
Pero cabe preguntarse si los legisladores no deberían hacer un esfuerzo de “creatividad” y pensar en incluir, en las normas, variables más objetivas que un valor nominal que quedará desactualizado junto con la pérdida de valor de nuestra moneda por la inflación.
EL MARCO ACTUAL TRATA EN FORMA INEQUITATIVA A DOS PERSONAS QUE COMETEN EL MISMO DELITO.