A Petrone todavía le queda una última carta
La Corte Suprema desestimó una queja por la extinción de la acción penal. Pero el máximo tribunal del país aún puede pronunciarse sobre la sentencia condenatoria.
Ala defensa del empresario desarrollista Jorge Oscar Petrone le resta aún una carta por jugar, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó uno de los recursos de queja que había presentado en referencia a la extinción de la acción penal por resarcimiento o reparación.
Todavía se encuentra en el máximo tribunal nacional otro escrito similar por la sentencia condenatoria, lo que puede resolverse en las próximas semanas.
Condenado a cinco años y medio de prisión en la megacausa del Registro de la Propiedad, el rechazo del pasado martes tiene que ver con lo que dispone el artículo 59 del Código Penal en su inciso 6° que marca la extinción de la acción penal “por conciliación o reparación integral del perjuicio”.
Cuando Petrone fue condenado por falsedad ideológica y usurpación del campo de Susana Munits de Ruiz Orrico (ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz), además de la pena de prisión recibió del tribunal una condena civil. La defensa de Petrone pretendía que, por este monto de dinero, se considerara reparada la víctima.
Pero la víctima nunca aceptó que esto fuera una reparación o una conciliación con quien le había usurpado el campo.
Quienes asistían técnicamente al empresario consideraron que, al haber conciliación, Petrone podía quedar libre al no haber más acción penal. Esto fue denegado por la Cámara 10ª del Crimen que lo había condenado, pasó por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y luego llegó a la Corte Suprema.
Anterior es otro recurso de queja presentado por abogados de Petrone disconformes con la sentencia condenatoria de esa cámara, del 10 de enero de 2014. En agosto de 2015, el TSJ rechazó la casación y luego el recurso extraordinario. Con la sentencia confirmada, Petrone quedó preso y sus defensores presentaron la queja ante la Corte.
Luego de más de dos años de espera, esa instancia se encuentra demorada en el máximo tribunal de la Nación.
Los cinco años y medio de prisión que debe cumplir Petrone se cumplen en diciembre de 2020. Si el empresario acredita buena conducta –algo que hasta ahora no se ha verificado–, puede recibir la libertad condicional por los dos tercios de la pena en febrero próximo. Además, por estudios cursados en prisión, se le otorgó una reducción de dos meses de prisión.
Detención no arbitraria
Hoy a Petrone lo asisten los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Facundo Amoedo, pero hasta fin del año pasado lo hacían Francisco Lavise y Teodoro Funes, quienes hicieron llegar estas acciones a la Corte Suprema.
Como el tribunal nacional no se pronunciaba, este binomio de abogados insistía en que la detención de Petrone era arbitraria porque no tenía sentencia firme y porque la prisión preventiva se extendía más allá de los dos años.
Además de tratar de acortar el encierro con cursos de capacitación, Lavise y Funes llevaron el caso a tribunales internacionales.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se pronunció respecto de la supuesta arbitrariedad en la detención del desarrollista.
En enero pasado, este organismo sostuvo que “no fue convencido” de que la detención de Petrone haya sido arbitraria, según “el derecho internacional aplicable”.
El cambio de abogados puede responder a un cambio de estrategia profundo. No sería extraño que ante los fracasos de los últimos dos años, los nuevos defensores modificaran la forma de reclamar la libertad de Petrone.