Quieren controlar mejor la seguridad privada, que emplea a 12 mil personas
El Gobierno provincial elaboró un proyecto para regular un sector que mueve millones. La idea es que los vigiladores colaboren con la Policía. Habrá un registro de habilitaciones.
Los servicios de seguridad privada fueron creciendo en la Argentina en las últimas décadas. Sólo en la provincia de Córdoba, la actividad cuenta con unos 12 mil empleados y moviliza unos 286 millones de pesos por mes.
El objetivo del Gobierno provincial es controlar mejor el funcionamiento del sector y conectarlo con el sistema de seguridad pública. En ese sentido, el miércoles presentará en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio a ese servicio privado.
Entre otros aspectos, la normati- va prevé que los rondines que prestan vigilancia barrial de modo informal accedan a una autorización que deberán renovar cada dos años. También se les exigirá, al igual que a los demás vigiladores, que tengan el nivel secundario completo y un prontuario sin antecedentes.
Además, la Secretaría de Seguri- dad de la Provincia quiere incorporar a los diferentes tipos de guardias privados –un colectivo de más de ocho mil personas– a la vigilancia ciudadana, por lo que los obligará a denunciar a la Policía situaciones sospechosas y delitos flagrantes, aun cuando ocurran fuera de su área.
Con la intención de regular el funcionamiento de la seguridad privada y “articularla” con el sistema de seguridad pública, el Gobierno provincial presentará el miércoles el marco regulatorio para la actividad. La normativa establece que los rondines que prestan servicios de vigilancia barrial de manera informal, accedan a una autorización renovable cada dos años, y que también tengan –al igual que los vigiladores privados–, el nivel secundario aprobado y un prontuario sin antecedentes.
Se trata a un colectivo de 12 mil personas, entre guardias de empresas, empleados de cooperativas de trabajo y rondines, que la Secretaría de Seguridad de la Provincia quiere incorporar a la vigilancia ciudadana, obligándolos a denunciar a la Policía situaciones sospechosas y delitos flagrantes, aunque estos ocurran fuera de su ámbito de vigilancia.
El texto de la nueva ley de seguridad cuenta con el aval de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada y del Suvico, el gremio de los guardias. Las entidades y el Gobierno ya debatieron la letra chica del proyecto de ley y firmaron un acta compromiso. Con esos avales, el texto llegará a la Unicameral, para la redacción final, aunque prácticamente no hay puntos de conflicto entre las partes.
En el corazón del proyecto se establece que los vigiladores privados y rondines barriales deberán “cooperar y asistir” con las fuerzas de seguridad, y quedarán obligados a “denunciar delitos de acción pública” que detecten, aunque estos ocurran fuera del ámbito en el que están contratados.
Para hacer operativa la colaboración, el vigilador deberá contar con un teléfono móvil cuyo número o IP estará registrado en el 101 de la Policía, para agilizar el llamado y acortar los tiempos de respuesta de los móviles que acudan al llamado. La futura ley especificará que en caso de que un guardia incumpla este punto se considerará que cometió una falta “muy grave”, lo que podría significar que se revoque su habilitación como guardia.
“Este proyecto de ley tiene como desafío garantizar las acciones de articulación entre lo público y lo privado. Estamos construyendo un nuevo paradigma que convertirá a la seguridad privada en el auxiliar mas significativo del sistema preventivo actual”, dijo el secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak, al ser consultado por La Voz respecto del alcance de la reglamentación.
Hace 13 años, la Legislatura sancionó la ley 9.236, que fijó las obligaciones para las empresas de seguridad. Ahora, será reemplazada por este nuevo marco regulatorio. “Esta reforma propuesta tiende a la profesionalización del vigilador, como así también a garantizarle sus derechos laborales”, dijo Hak. En este punto, el proyecto de ley que se presentará en los próximos días establece que todos los guardias deberán cobrar lo mismo. Actualmente, el valor de la hora/hombre es el ítem que determina el costo final de la prestación, y aquellos que trabajan en las cooperativas perciben menos que quienes se desempeñan en una sociedad anónima.
El caso de los vigiladores que prestan el servicio de manera unipersonal, cobrándole a los vecinos una tarifa, será uno de los puntos polémicos de la discusión legislativa. La Secretaría de Seguridad relevó 145 servicios de esta modalidad, muchos de ellos en manos de policías retirados.
Requisitos y exigencias
El proyecto de ley restringirá su accionar “a la vía pública, y en el radio previamente denunciado” a las autoridades. Al igual que los vigiladores que trabajen en relación de dependencia o en el marco de una cooperativa, los rondines deberán contar con un sistema de comunicación validado por la Dirección de Prestadores de Empresas de Seguridad.
“De manera paralela a la profesionalización del guardia privado, buscamos darle seguridad jurídica a quienes contraten cualquier servicio de seguridad privada”, dijo Hak. En este marco, el vigilador unipersonal deberá validar sus antecedentes cada dos años, tal como lo hace el guardia que trabaja para una empresa.
Desde el sindicato de los vigiladores (Suvico), su titular, Gustavo Pedroca, apoyó el nuevo rol que tendrán los guardias y rondines: “Se sumarán 12 mil hombres que estarán alertando permanentemente a la Policía”. El gremialista valoró el empadronamiento de los rondines: “Habrá un listado oficial, on line, por lo que el vecino sabrá a quién contrata”.
La ley cerrará las puertas para la creación de nuevas cooperativas, pero las 11 actuales podrán seguir y tendrán dos años para adecuarse a los nuevos requisitos. Se trata de un universo de más de tres mil personas, y las empresas denuncian competencia desleal por parte de aquellas, muchas de las cuales no contratan empleados, sino que los asocian.
Desde las cooperativas de seguridad, Gustavo Valdéz, se mostró conforme con la “profesionalización” del vigilador, pero anticipó que demandará un tiempo cumplir con la exigencia de secundario completo. “La idea es nivelar para arriba, pero el sector anticipa que podría haber dificultades en los plazos”, dijo. La nueva ley establece tres años de gracia para cumplir con los nuevos requisitos.
Para Juan Carlos Herrera, de la cámara que nuclea a las principales empresas de seguridad privada, valoró como “muy importante meter a los rondines en el sistema y limitar a las cooperativas”, para que no haya una “competencia desleal y derechos laborales vulnerados”.