El derecho a la libre elección de género
En el marco del denominado derecho al libre desarrollo personal, la Ley Nacional de Identidad de Género contiene un capítulo específico que garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, totales y parciales, sin el requerimiento de autorización judicial.
Se trata de la ley 26.743, sancionada y promulgada por el Congreso de la Nación en mayo de 2012. El ordenamiento legal cobró nuevo impulso por estos días en la provincia de Córdoba, en virtud de que se retomaron esas prácticas en el sistema público de salud, que venían suspendidas desde hace cinco años por razones diversas.
Más allá de las complejidades de la ciencia médica en esa disciplina, es preciso ponderar los avances hacia la libre elección de género con el que una persona se identifica. La lucha sin descanso que desarrollan colectivos vinculados a la transexualidad, tendiente a que se cumplan sin excepciones los preceptos plasmados en la ley, contribuye mucho a la concreción de estos progresos.
La reanudación de esta praxis en la ciudad de Córdoba cobró estado público días atrás a raíz de que un joven transexual de 23 años fue sometido en el hospital Rawson a una intervención parcial de cambio de género.
Este tipo de operaciones podrá realizarse, además, en el Hospital Nacional de Clínicas (aunque por ahora siguen suspendidas). El nosocomio universitario guarda una rica historia en esta temática, sin dudas de enorme contexto social y humanitario: el 29 de noviembre de 2013, el Clínicas anunciaba la primera cirugía de reasignación total de sexo en Córdoba, tarea que estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario local y de especialistas de la ciudad de La Plata.
Sin embargo, los buenos pronósticos suelen quedar teñidos de incertidumbre por las siempre odiosas cuestiones burocráticas y de estrechez económica.
En ese aspecto, es elocuente el diagnóstico que traza el director del Clínicas, Fabián Caballero. Admite que las cirugías de reasignación de género se cancelaron por “un tema presupuestario”. Dado que las prácticas se hacen sin cargo alguno, corresponde al Gobierno nacional cumplir con los fondos que, en 2015, orillaban los 100 mil pesos por paciente.
Otro costado de esta cuestión delicada que atañe a la órbita hospitalaria (admitido por algunos especialistas) radica en la capacitación del personal médico, como también en la formación de equipos interdisciplinarios; entre estos, los de acompañamiento psicológico a los pacientes, antes y luego de la operación.
La normativa es amplia, pero taxativa sobre el respeto a los derechos inalienables de las personas de decidir sobre su identidad sexual, sin objeciones ni actos de discriminación.