Un negocio millonario con poco control
Un barrio cerrado pequeño, de menos de 400 lotes, gasta en seguridad privada 784.800 pesos por mes y 70.300 pesos en contratar un policía adicional, sólo durante el horario nocturno. Para sostener este servicio, cada familia debe desembolsar 3.025 pesos por mes en concepto de expensas. Un vecino de un barrio de clase media de la ciudad de Córdoba que contrate el servicio de rondines, que opera por lo general entre las 19 y las 7, afronta un gasto de entre 500 y mil pesos, dependiendo la zona.
Cada mes, ese mercado moviliza un estimado de 286 millones de pesos en la contratación de 8.800 vigiladores, quienes se desempeñan en 160 empresas y 11 cooperativas; mientras que 145 rondines se distribuyen por toda la ciudad “patrullando” distintos barrios.
De acuerdo con distintos presupuestos por servicios de vigilancia, el precio de la hora laboral de servicio de vigilancia se factura entre 132 y 190 pesos en el caso de las empresas, y entre 100 y 130 pesos por las cooperativas. Proyectar el precio de la hora/hombre en el caso de los rondines es casi imposible.
Además de los 8.800 trabajadores registrados, hay entre 3.500 y cuatro mil que prestan servicios sin estar empadronados ante las autoridades de Seguridad de la Provincia. Integran una “fuerza” atomizada de unas 12.500 personas, mayoritariamente hombres. Esos ojos son los que la nueva ley de seguridad busca sumar a la vigilancia ciudadana.
El marco regulatorio que será presentado el miércoles anticipa controles y multas. Es que los robos ocurridos en barrios cerrados pusieron a los vigiladores bajo sospecha de haber actuado como entregadores. Es común que vecinos de barrios donde actúan los rondines paguen la vigilancia por temor a represalias. En cualquier caso, la ley agrava sanciones y penalidades para el vigilador (o empresa) que brinde información de los vecinos custodiados.
Tras la sanción de la ley, algunas empresas deberán cambiar sus nombres de fantasía y el uniforme de sus empleados: la ley impide que la nomenclatura de la empresa se confunda con fuerzas de seguridad.
Además, cada empresa o cooperativa deberá contar con un plan operativo para cada “objetivo” aprobado por la Secretaría de Seguridad, y los rondines deberán informar al Gobierno cuál es el perímetro de su patrullaje. Durante los últimos meses, la Policía Barrial censó los servicios de vigilancia vecinal.
Ese listado, que incluye responsable, horario de la ronda y vehículo utilizado, ya fue geolocalizado por las autoridades.
ESTA LEY NO IMPLICA UNA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD, SINO QUE LA REGULA BAJO EL CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. Gustavo Valdez, delegado de las cooperativas de seguridad