Ley de Software: incentivo fiscal Paula Martínez

En las últimas semanas, hubo inquietud entre los desarrolladores de software por versiones de que el Gobierno nacional estaría pensando terminar con el beneficio que otorga la ley específica para el sector, que vence en diciembre de 2019.

Ello estaría enmarcado en una avanzada oficial para quitar tratamientos diferenciales en la economía y también generó suspicacias a partir del caso de Mercado Libre, empresa a la que el fisco le reclama un mal uso de los subsidios.

Si bien falta un tiempo, los involucrados ya comenzaron a preparar los números para mostrar a los legisladores y los funcionarios los beneficios que trajo la norma, superior al costo tributario.

Hay una discusión de larga data sobre si es conveniente o no la aplicación de incentivos a sectores o empresas determinadas como un bastón para poder caminar: exención o reducción de impuestos; subsidios a los servicios públicos; beneficios para nuevos empleados, entre otros.

¿Qué pasa cuando se saca la “muleta” del beneficio? ¿Esa actividad sigue siendo viable? La historia argentina tiene muchísimas experiencias fallidas: fábricas instaladas en provincias con promoción industrial que cerraron sus persianas cuando esta se quitó, o actividades que sólo tienen sentido en el país si hay una protección del exterior con barreras a las importaciones, con poco derrame hacia el resto de la economía.

El caso de la electrónica en Tierra del Fuego es uno muy claro y reciente: la implementación de un régimen diferencial a los productos elaborados fuera de esa provincia encareció (y atrasó) la tecnología para consumidores y empresas de todo tamaño. El sector nunca pudo caminar solo, siempre tuvo una balanza comercial deficitaria con pérdida de divisas para el país, y ahora el régimen de incentivos tuvo que ser desarmado de a poco porque la industria local no se sostiene sin él.

El sector de desarrollo de software muestra un contraste con esa experiencia. En primer lugar, porque genera valor agregado real (no ficticio), mano de obra calificada y exportaciones. Pero también por su aporte al resto de la economía.

“Este no ha sido un subsidio para sostener a una industria no competitiva, no rentable, sino que apoya a un sector con crecimiento exponencial que, además, del beneficio directo, está ayudando muchísimo a la transformación digital de las empresas argentinas, incrementando su competitividad al mejorar procesos e incorporar tecnología”, sostiene Diego Casali, presidente del Córdoba Technology Cluster.

“Es la diferencia entre un incentivo que genera grasa o músculo. Sin él, el sector igual hubiera crecido, pero mucho más lento”, sintetiza. A la norma nacional, que reduce en un 60 por ciento la alícuota de Ganancias y otorga un crédito fiscal del 70 por ciento de las contribuciones patronales, se sumaron los beneficios de la promoción industrial de la Provincia, que las exime de Ingresos Brutos y Sellos y reduce el costo de la energía y el empleo.

Casali enumera que la Ley de Software permitió al sector crecer

12 por ciento anual en empleo. “En 2004, trabajaban 15 mil personas en el sector y hoy son

100 mil en el país; en Córdoba, pasamos de 1.500 personas a casi 12 mil en igual período”, puntualizó. A su vez, desde 2004 “se lograron exportaciones anuales por 1.367 millones, un aumento de 627 por ciento, a una tasa anual de crecimiento del 16 por ciento”.

Un claro ejemplo de casos en los cuales los beneficios tributarios no deberían ser considerados un costo sino una inversión.