La Voz del Interior

Allanamien­tos masivos tras la pista del “Tuerto Cacho”

Sospechado de ser uno de los traficante­s de drogas más importante­s de la ciudad, es investigad­o por lavado de activos. En más de 20 operativos en Córdoba, no fue encontrado. Sólo se hallaron autos de escaso valor, y el fiscal solicitó su captura.

- Juan Federico jfederico@lavozdelin­terior.com.ar

Su apodo está cada vez más asociado al mito. Bajo la sombra del “Tuerto Cacho”, no sólo se escriben historias sobre el narcotráfi­co en Córdoba.

También la sola mención de su seudónimo sirve para advertir cómo un barrio-ciudad terminó sometido por su poder.

De manera paralela, se lo menciona con insistenci­a detrás del escandalos­o caso de las 72 pistolas policiales que desapareci­eron de la Jefatura Central de la Policía de Córdoba en 2015. El vínculo entre armas y narcos no es un mero capricho, ya que en los barrios cordobeses existe una línea muy estrecha: los traficante­s son los que tienen el dinero suficiente para adquirir las armas clandestin­as.

En el Fuero Anticorrup­ción, donde se investiga el robo de las pistolas policiales, sospechan que “el Tuerto Cacho” estuvo detrás de la compra de un lote de aquella sustracció­n. Y desde hace poco más de tres semanas se lo asocia con insistenci­a al trágico tiroteo en Nueva Córdoba. Desde que era uno de los que aportaban dinero a la supuesta mesa clandestin­a que funcionaba en el lugar del robo hasta que era el jefe de Rolando Ricardo “Ciego” Hidalgo (62), uno de los ladrones abatidos en aquel episodio. Incluso se lo señala como un presunto proveedor del poderoso armamento con el que contaban los delincuent­es.

Se dice, incluso, que en una de sus casas tiene un túnel que le sirve como vía de escape.

Fiscales, jueces y policías antidrogas hace más de cinco años que dicen conocerlo. Su voz aparece en cientos de intervenci­ones telefónica­s. Incluso, su nombre quedó asociado al llamado “narcoescán­dalo”, luego de que uno de los testigos lo mencionara en complicida­d con los policías, algo que nunca quedó demostrado a nivel judicial, como casi todo el resto que se le endilga.

Quién es

Se llama Raúl Alberto Cuello, tiene 48 años, y en agosto de 2002 fue detenido en villa La Maternidad, de la ciudad de Córdoba, en una causa por narcotráfi­co.

Cumplió condena en el penal de barrio San Martín y fue testigo directo del motín de febrero de 2005. Se cree que allí forjó amistad con tres de los ladrones que regaron de balazos a Nueva Córdoba.

Hoy existen al menos tres investigac­iones abiertas en su contra. Una en el fuero provincial (narcomenud­eo), que el fiscal Marcelo Sicardi lleva adelante con agentes de la Fuerza Policial Antinarcot­ráfico (FPA), y dos en el fuero federal, con agentes nacionales.

Son estos sabuesos los que lo vinculan con la aparición de los primeros búnkeres de droga en Córdoba, detectados en barrio Urquiza hace ya algunos años.

A diferencia de los “quioscos” de droga, que son viviendas o negocios familiares en los que también se comerciali­zan drogas, los búnkeres son domicilios acondicion­ados para su utilizació­n exclusiva en el narcotráfi­co.

Pero hasta ahora, pese a que es nombrado desde hace años, lo concreto sobre su incursión delictiva es muy poco en comparació­n con tantos dichos. Para ello, es clave la lealtad que supo forjar en los barrios. Ya sea porque no tiene empacho en poner la mano en el bolsillo y pagar remedios, fiestas o sepelios a los vecinos, o por el miedo a la impunidad con la que suelen moverse los narcos en distintos puntos de la ciudad, lo concreto es que los investigad­ores aseguran que es muy difícil penetrar el cerco a su alrededor.

Ayer, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, libró más de 20 órdenes de allanamien­to que el fiscal Enrique Senestrari había solicitado en diciembre último.

Los operativos fueron ejecutados por Gendarmerí­a Nacional en distintos domicilios ubicados en su mayor parte en el sudeste de la ciudad de Córdoba, el pago chico en el que se sospecha que “el Tuerto Cacho” se mueve a sus anchas.

No se trata de una causa por narcotráfi­co, confirmaro­n fuentes judiciales, sino que en este caso Cuello y al menos otras ocho personas están imputados por lavado de activos y asociación ilícita.

Sin embargo, los resultados fueron magros en ese aspecto, según trascendió: se secuestrar­on un Peugeot 208, un Fiat Uno con gas y una moto. Y nada de droga. Esto generó suspicacia­s entre los investigad­ores, ya que sospechan que el operativo pudo haberse filtrado.

Sucede que el primer pedido del fiscal, allá por diciembre, había sido rechazado por el juzgado a último momento por distintas formalidad­es, lo que retrasó todo y pudo haber puesto en sobreaviso al principal investigad­o.

En esa oportunida­d, Senestrari había ordenado la detención de Cuello, algo que fue denegado por el juez. Ahora, como el principal investigad­o desapareci­ó y no fue encontrado en los operativos, el fiscal volvió a solicitar su captura.

Según trascendió, hubo allanamien­tos en domicilios de barrio Acosta, Ciudad de Mis Sueños, Ciudad Evita y Los Eucaliptos, un comercio de la avenida Sabattini y hasta una casa en Alta Gracia.

Por ahora, “el Tuerto Cacho” no aparece, las pruebas tampoco, y un enorme mito se continúa tejiendo en torno de él.

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(ANTONIO CARRIZO) Operativos. Los procedimie­ntos fueron ejecutados por Gendarmerí­a Nacional. Uno de ellos tuvo lugar en Salgari y López y Planes, barrio Acosta, donde vivió Cuello.
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Prontuario. Cuello fue detenido en 2002 tras un allanamien­to por drogas en una casa de Villa El Libertador.

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