La Justicia y el pedido de transparencia
Transparencia será una de las palabras que más resonarán este mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales. A dos meses de iniciado 2018, se abre el año judicial con el discurso de la presidenta del Tribunal Superior, Aída Tarditti.
Transparencia es una de las demandas más fuertes que se le hacen al Poder Judicial cordobés, en especial en materia de investigación de casos de corrupción y delitos vinculados con el poder.
El contexto político que rodea esta apertura de año judicial no es el más calmo. Una serie de episodios en el seno del Tribunal Superior, en la Fiscalía General y en algunos otros estamentos de la Justicia provincial revelan tiranteces, luchas por espacios y diferentes maneras de interpretar la relación con el Ejecutivo, que estuvo caracterizada desde el regreso a la democracia para acá como de sujeción con muy tenues matices.
Pero algunas grietas comienzan a darse en la Justicia provincial, en un contexto nacional de debate fuerte sobre la independencia, la celeridad y el rigor que debería tener el Poder Judicial.
Esta semana, una jueza de Control objetó con duros términos lo actuado por el exfiscal Anticorrupción y actual magistrado de ese fuero, Gustavo Hidalgo, por haberse desentendido de la denuncia sobre supuestas coimas para la construcción de gasoductos en Córdoba.
María Celeste Ferreyra dejó sentado en una resolución algo que muchos cordobeses sospechan: que el poco apego por diligenciar las causas de corrupción no se debe a simples omisiones o negligencia.
El fallo de la magistrada no registra demasiados antecedentes, en un Poder Judicial que reconoce puertas adentro que investigar delitos complejos o hechos de corrupción no es su fuerte.
También algunos lo interpretan como un cierto cambio de época. Ya no parece ser tan sencillo para el Ejecutivo manejar los tiempos y formas judiciales a voluntad.
Un ejemplo de ello es la tensión que se vive en la Fiscalía General.
Durante las últimas semanas, por los pasillos de Tribunales circularon rumores sobre una salida anticipada del titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Moyano, cuyo mandato vence el 14 de marzo de 2019.
Pero Moyano fue contundente cuando lo consultaron por este tema: “No tengo pensado irme un día antes; si quieren que me vaya, tienen que reformar la Constitución o juntar los votos para un juicio político”.
En los pasillos de Tribunales, asignan el origen del rumor, que incluía como posible sucesor al actual fiscal Diego Albornoz, al Ejecutivo provincial. Obviamente, ahí nadie se hace cargo de la especie.
La conjetura es que el Gobierno quiere reemplazar a Moyano fuera del proceso electoral, que estará comenzando allá por los primeros meses del año que viene.
Lo cierto es que la relación entre Moyano y la administración de Juan Schiaretti sigue sin recomponerse. Se rompió en aquella reunión en septiembre del año pasado en la que el Gobierno presentó ante el Tribunal Superior su plan de reforma judicial y el ministro Luis Angulo le cedió la palabra al fiscal General Adjunto José Gómez Demmel para que la explicase sin que su jefe Moyano tuviese idea del tema.
Después se desencadenaron presentaciones contra Gómez Demmel por supuesta intromisión en la tarea de los fiscales.
Gómez Demmel niega ser un ariete del Ejecutivo, mientras que Moyano también rechaza responder a José Manuel de la Sota.
Desde el Tribunal Superior de Justicia, consideraron “un disparate” cualquier intento por forzar una salida anticipada de Moyano, a la vez que reconocieron que nominar a un nuevo fiscal General en el contexto de una campaña electoral el año que viene puede ser algo “complicado”.