La prórroga al desalojo abre otra polémica
Califican de “desatino jurídico” lo resuelto por la Justicia, ante un fallo firme. Desarrollo Social sigue el diálogo en busca de una salida voluntaria de las familias “usurpadoras”.
Con un plazo fatal para hacer efectiva la orden judicial en las primeras horas de hoy, pero sin haberse arribado a una solución definitiva en la mesa de diálogo, el Gobierno provincial le pidió más tiempo a la Justicia para evitar un desalojo violento ante la advertencia de muchas de las familias de persistir en la toma del predio que dieron en llamar “Parque Esperanza”.
Distintas gestiones realizadas desde el Ejecutivo provincial ante la plana mayor de la Justicia, que no fueron oficializadas, dieron como resultado que la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación, a cargo de Julio Guerrero Marín, otorgara una nueva prórroga por dos meses para producir el desalojo en los terrenos de propiedad de Urbanor S.A. que fueron usurpados.
Es claro que la resolución del camarista descomprime la tensión social en el conflicto de larga data, pero no resuelve la cuestión de fondo.
Cabe recordar que el miércoles se vivieron episodios de violencia por el accionar policial en el marco de la protesta frente a la Legislatura en rechazo al desalojo.
En estos 60 días, las 157 familias deberán abandonar el predio de 13 hectáreas ubicado al margen de la ampliación de la variante Juárez Celman.
El abogado que representa a la empresa propietaria de los terrenos, Ezequiel Mallia, le dijo a La Voz que la prórroga concedida resulta “un desatino jurídico absoluto”.
En ese sentido, sostuvo que la “Justicia está siendo flexible con actos delictivos, con la connivencia del Poder Ejecutivo”.
Tras confirmar que impugnarán la resolución para que se proceda al desalojo, el letrado aseguró que “esto es un avasallamiento a la propiedad privada” y cargó contra el Gobierno ante el pedido de más plazo “para ver cómo soluciona el problema habitacional después de cuatro años”.
Intervención del Estado
Por el lado del Gobierno, hubo silencio en cuanto a las gestiones realizadas ante la Justicia, pero si desde la cartera de Desarrollo Social, afirmaron que vienen atendiendo la situación de las familias para encontrar una solución acorde a cada realidad en particular.
El ministro Sergio Tocalli expresó que “se seguirá dialogando” con los ocupantes del predio de forma directa. Al respecto, argumentó que “no hay una solución en conjunto”, sino el contacto con cada familia para atender su problemática.
Por el trabajo que se lleva adelante, el titular de la Senaf, José Piñero, destacó que hubo “soluciones concretas” a familias que de forma voluntaria abandonaron el predio con la ayuda asistencial del Gobierno. En diciembre de 2017, quedó firme el fallo y la orden de desalojo por parte del Tribunal Superior de Justicia, el cual debía ejecutarse el 24 de febrero de este año, pero un día antes el Gobierno pidió una prórroga para censar a las familias. El 16 de marzo (es decir hoy) era el plazo fatal. Ahora, tienen 60 días.