¿Es legítimo y razonable regular todo?
Las normas de convivencia en las escuelas secundarias están reguladas por acuerdos escolares que comenzaron a debatirse –e implementarse– hace ya casi ocho años. En sus inicios, y aún hoy, la intención era involucrar a toda la comunidad educativa (desde el director hasta los padres) en la discusión sobre las reglamentaciones internas de los colegios, bajo la premisa de que la convivencia democrática es una condición imprescindible para el aprendizaje.
El debate para definir dichas normas obliga a los adultos a involucrarse para sostener lo acordado, aunque en la práctica no siempre es fácil. La mayor dificultad es consensuar reglas que respeten la autoridad de los mayores pero, a la vez, observen los modos de hacer y de vivir de los adolescentes.
Los acuerdos escolares de convivencia (AEC) se plasman en un documento que debe ser aprobado por las autoridades ministeriales y tiene una vigencia de dos o tres años, momento en que hay que revisarlo. Las normas, naturalmente, no pueden contradecir las leyes de educación y, además, las familias deben ser notificadas y dar su consentimiento.
¿Cuál es el ámbito específico de la convivencia? ¿Sobre qué cuestiones es legítimo y razonable regular y sobre qué no? En principio, lo que se intenta regular son las relaciones entre las personas, el cuidado de lo que es de todos y de uno mismo, con la idea de la construcción colectiva de la vida en común.
En este sentido, ¿generan problemas de convivencia el color o el corte del cabello, la portación de un piercing, un tatuaje, la orientación sexual u otros aspectos vinculados a la identidad de la persona? Claramente, no.
El problema de estas normas, como en toda ley, es qué interpretación se les otorga. Puede ocurrir que la tipificación de la reglamentación sea correcta y consensuada, pero su aplicación viole la normativa.
En otras palabras, los AEC describen tipos de conductas deseadas o no admitidas, pero no lo prescriben todo ni detallan casuísticas que pueden perder actualidad. Tampoco son un “manual de penitencias” que prevé qué sanción corresponde a cada transgresión.
Parece, entonces, que es necesario afinar las “interpretaciones”, aggionarse a los tiempos que corren, conocer y respetar a los adolescentes de hoy. Sólo de esa manera las leyes que se gestaron por consenso seguirán gozando del respeto que adquirieron cuando se las vio nacer.
EL PROBLEMA DE ESTAS NORMAS, COMO EN TODA LEY, ES QUÉ INTERPRETACIÓN SE LES OTORGA.