Cristóbal López está libre, pero procesado
También fue liberado su socio, Fabián De Sousa. Ricardo Echegaray, complicado. Los tres fueron procesados por apropiación indebida de tributos por $ 8.000 millones.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron excarcelados ayer, en la causa que se sigue al Grupo Indalo por presunta estafa millonaria a la Afip.
La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones también confirmó los procesamientos de ambos empresarios.
BUENOS AIRES. La Cámara Federal porteña otorgó ayer la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por considerar que no ponen en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, por una presunta estafa millonaria a la Afip.
La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía “ser confirmada”.
“Yo no estuve preso, estuve secuestrado. Para estar preso tenés que tener una causa, no lo que inventó Ercolini”, se quejó López tras su liberación, y agregó que hubo “una orden política” para que sea detenido.
Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de De Sousa y del extitular de la Afip Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los dos empresarios que estaban detenidos de manera preventiva y modificar la calificación del delito que se les atribuye.
La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos de pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles.
López y De Sousa están detenidos desde fines de diciembre del año pasado, cuando el juez Julián Ercolini entendió que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de Inversión OP Investments era un intento de eludir el accionar de la Justicia.
La Cámara Federal sostuvo que el intento de venta no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es “apropiación indebida de tributos”.
El delito de “apropiación indebida de tributos” tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito como funcionario público.
A los tres procesados, los camaristas les confirmaron embargos por 8.945 millones de pesos, según surge del fallo.