Balas oficiales en el asesinato de una dirigente social brasileña
Marielle Franco y su chofer fueron ejecutados con armas de la Policía Federal. La concejala opositora representaba a minorías marginadas en la militarizada Río de Janeiro.
RÍO DE JANEIRO. Brasil está otra vez conmocionado y moviliza- do. Los asesinatos premeditados de la concejala y dirigente social brasileña Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, estremecieron a miles de brasileños que, en Río de Janeiro, se movilizaron con pancartas de dolor, culpando al Gobierno nacional.
Ayer se supo que las balas usadas por los asesinos eran de la Policía Federal, lo que le agrega fuerza a la hipótesis de que agentes de seguridad estén por detrás del ataque perpetrado el miércoles.
La masividad de las marchas y el estado candente del tema en la opinión pública responden a cuestiones concretas. El hecho de que la asesinada sea una dirigente opositora mujer, negra y surgida de una favela despertó la ira de los oprimidos.
Por otro lado, del homicidio se encuadra en el centro simbólico de un asunto que ocupa la cotidianidad de Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, donde se produjo la muerte: la ola de violencia y la cartelización de las favelas crece de manera sostenida, al calor de la crisis económica.
La ira social sobre la ejecución de la Marielle coincide con el primer mes de la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer para que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública y, por ende, maneje a la Policía local.
La revelación de que las balas asesinas de la dirigente del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL) tuvieron su origen en un desvío de la Policía Federal agrega más datos a la práctica tan conocida en Río de Janeiro de la corrupción policial mezclada con el crimen organizado, sea el narcotráfico, las milicias parapoliciales o los escuadrones de la muerte.
El dato fue determinado por fuentes de la Policía Civil (investigaciones) de Río, sobre la base de los resultados de los peritajes en los 14 balazos contra el automóvil en el que viajaba la dirigente de 38 años. Las balas nueve milímetros habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal, en Brasilia, a la empresa de armamento CBC.
El mismo lote fue usado en 2015, en la peor masacre registrada en Osasco, gran San Pablo, cuando fueron asesinadas 23 personas en un barrio, en un caso signado por la actuación de policías paulistas de civil que habrían ejecutado a civiles.