Tarifas que sólo les convienen a empresas
El servicio público de gas por redes en Argentina es monopólico y los precios son fijados por el Estado.
Los reiterados “tarifazos” aprobados por el ministro Juan Aranguren y por el Enargas, sin demostración clara de los costos de las empresas, resultan violatorios de la Constitución Nacional y del propio fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Cepis, atento a que los precios y las ganancias de las empresas no resultan justos ni razonables.
Y en muchos casos son confiscatorios para los usuarios, al tiempo que garantizan ganancias extraordinarias a las empresas, que se incrementan de manera acumulativa con cada nueva resolución.
Hubo un incremento hace dos meses –diciembre de 2017– y se pretende otro a partir del 1 de abril de 2018.
Sin analizarlos en profundidad, los pedidos de las empresas son abusivos, leoninos, injustificados, usurarios. Pretenden aumentos que fluctúan entre un 50% y un 60% sobre las ya elevadas tarifas vigentes a fin de 2017, y más del ciento por ciento sobre las del invierno pasado, año en que las concesionarias ya obtuvieron ganancias extraordinarias.
Resultan objetables las tarifas iniciales, agravadas con los incrementos reiterados de los “cargos fijos” para distribuidoras, las del “transporte”, el precio de 6,80 dólares por millón de BTU, la dolarización de las tarifas y su indexación según variaciones en índices de precios mayoristas. ¡Es un cóctel explosivo!
Están violando el marco regulatorio de la ley 24.976, cuyo objetivo es “que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables”. Y que estas “deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia”.
Por su parte, el artículo 39 de dicha ley establece que, a “los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia, las tarifas deberán contemplar que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparables o comparables”.
En Argentina, es difícil encontrar algún sector económico con menor riesgo que el de las empresas privatizadas de servicios públicos y, sin embargo, la rentabilidad emergente de decisiones arbitrarias del Estado les garantiza ganancias muy superiores a otros sectores empresariales similares.
Impacto de los tarifazos
El comportamiento de Ecogas muestra algunos parámetros que se repiten en las otras empresas productoras y transportadoras de gas.
1) Casi no hubo aumento en la cantidad de clientes/usuarios.
2) El consumo de usuarios particulares disminuyó 16,4%.
3) Pese a la reducción del volumen de ventas, creció la ganancia. En 2015, fue de 18 millones de pesos; en 2016, de 54,6 millones, y en 2017, de 1.098 millones.
En concreto, en 2017, sobre ventas por $ 3.656 millones obtuvo una ganancia de $ 773 millones. Si se suman los ingresos financieros por $ 319 millones, surge una ganancia total de $ 1.098 millones.
Esta es una rentabilidad extraordinaria que, en lugar de ser utilizada para las prometidas inversiones, será distribuida entre sus accionistas, uno de ellos Nicolás Caputo, amigo del presidente, Mauricio Macri.
El rol regulador del Estado establece una situación de privilegio para estas empresas, inadmisible en una democracia. En vez de proteger al usuario, fijar precios justos y ampliación del servicio, les garantiza –sin riesgos– tasas de rentabilidad extraordinaria superiores a las del resto de las actividades económicas.
Sólo basta comparar el aumento que recibirán los jubilados, de 5,71%, o el tope salarial del 15 %, con las propuestas de más del 50% de incremento para las empresas.
Esta fenomenal tasa de ganancia es inclusive superior a las registradas por este sector empresarial en la década de 1990. En el informe de Daniel Azpiazu y Martín Schorr “Desnaturalización de la regulación pública y ganancias extraordinarias”, con una crítica muy fundada, la tasa de razonabilidad promedio del período 1994-1999 fue del 11% sobre el patrimonio neto o del 15% sobre ventas; en 2017, esta tasa de ganancia se está prácticamente duplicando.
Este es el resultado de las políticas de Macri: maximizar ganancia sin ampliar la cantidad de usuarios ni inversiones.
ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN SECTOR ECONÓMICO CON MENOR RIESGO QUE EL DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
LOS REITERADOS TARIFAZOS APROBADOS POR EL MINISTRO JUAN ARANGUREN RESULTAN VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN.