Testaferros en la mira Paula Martínez
Entre los numerosos cambios que incluyó el Gobierno nacional en su decreto llamado “de modernización”, hubo modificaciones que le otorgan al fisco más herramientas para cobrar en casos de quiebra o evasión y que, en un principio, parecen pensadas para no dejar escapar algunos de los hechos que se cuestionan de los últimos años.
Se trata de la ampliación de la responsabilidad solidaria en el caso de que una empresa utilice un socio aparente para sus actos. Además de algunos casos conocidos de sindicalistas, empresarios de medios o políticos que actúan a través de testaferros, no es de extrañar que las autoridades de Cambiemos hayan ido más allá, para abrir el paraguas y abarcar situaciones que aún no salieron a la luz.
Los cambios también vienen de la mano con la necesidad de ponerse a tono con la legislación internacional de transparencia o compliance (cumplimiento) que se acaba de reglar en la Ley Penal Empresaria.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/2018 deja explícito que está prohibida por ley la actuación del socio oculto y del socio aparente en una empresa. Esto implica que los actos que se realicen de esta manera son nulos o ilícitos, siempre y cuando un tercero involucrado lo pida judicialmente.
Pero lo más importante del DNU es que la responsabilidad solidaria, que antes era sólo del socio real (el que está oculto), ahora se extiende al testaferro, por lo que este responde con su patrimonio por todos los pasivos de la compañía, explica el especialista en Derecho Societario Carlos Molina Sandoval.
Esto significa que cualquier tercero involucrado, afectado por una deuda o por un caso de evasión (como la Administración Federal de Ingresos Públicos –Afip–, los bancos o los empleados), por ejemplo, podrá pedir la extensión de la quiebra al prestanombre y, así, tener otro lugar donde cobrar.
De esta manera, los acreedores tienen mayor incentivo para probar ante la Justicia una situación de simulación en la cual un empresario pone sus acciones a nombre de amigos, hijos, parientes o hasta desconocidos.
“El testaferro es muy difícil de probar y lleva mucho tiempo, y sólo se justifica en casos de mucho patrimonio involucrado. En los últimos 40 años, no hay más de tres o cuatro casos de jurisprudencia. Esperemos que con esto se incrementen”, dice el abogado.
Un punto pendiente es el instrumento utilizado para modificar la ley. El DNU está vigente, salvo que se ataque su constitucionalidad, aunque una ley hubiera sido más adecuada para evitar problemas legales, ya que la urgencia es dudosa en este caso.
EL DNU DE ENERO IMPIDE A LAS EMPRESAS UTILIZAR SOCIOS OCULTOS.