La carátula, clave en el caso de Cristóbal López
El Gobierno nacional reiteró ayer su rechazo a la decisión de la Justicia de liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, las cabezas del Grupo Indalo, y el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra, como abogado de la Afip, explicó cuál es la principal preocupación: “El cambio de calificación del delito podría permitir que mediante sólo el pago de una multa se extinga la acción penal y así se evite ir a juicio”.
Tanto el Gobierno como el fiscal de Cámara, Germán Moldes, anunciaron que apelarán la medida resuelta por la Sala I de la Cámara Federal porteña.
“Desde el Gobierno vamos a apelar y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en el proceso global de la Justicia. Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, lo central es el cambio de carátula”, dijo el presidente Mauricio Macri en una entrevista difundida el domingo a la noche por canal América.
El viernes pasado, la Cámara confirmó los procesamientos, pero cambió la calificación de “administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional” a “apropiación indebida de tributos”.
Así, el tribunal encuadró la acción en un delito de evasión, que prevé una pena menor. La defensa de los abogados pretende traspasar la causa del fuero federal al fuero penal tributario.
“Más allá de la prisión preventiva, el peligro aquí es otro: que todo termine en una extinción (del proceso) por pago y no haya juicio. Queremos llegar a un proceso penal por defraudación al Estado”, afirmó el abogado en representa- ción de la Afip.
“La consecuencia más grave del cambio de carátula –insistió Gil Lavedra– es que le permite la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago de una multa”.
Camaristas
La Sala I de la Cámara Federal revocó la prisión preventiva dispuesta por el juez Julián Ercolini, quien había entendido que López había entorpecido la causa al intentar vender el Grupo Indalo. Los camaristas, en cambio, consideraron que la libertad de López no perjudica la investigación.
Macri, en la entrevista, dio su explicación sobre el cambio de carátula. “No puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando no lo fue. (López) Cobraba por cuenta y orden de la Afip impuestos que no eran de su actividad y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, es una acción delictiva absoluta”, dijo.
Para el abogado Gil Lavedra, el accionar fue “una arquitectura que se pergeñó desde la Afip para que Cristóbal López no pagara nunca el impuesto”. Desde el Gobierno entiende que en la maniobra participó también el exdirector de la Afip, Ricardo Echegaray, sobre quien también pesa un procesamiento judicial.
Si bien la deuda inicial reclamada por la Afip es de 8 mil millones de pesos, Gil Lavedra estimó que “entre intereses y punitorios”, la Afip reclama ahora “cerca de 17 mil millones de pesos”.
Mientras que Gil Lavedra alertaba sobre las consecuencias de la resolución judicial, ayer trascendió que Alberto Abad, extitular de la Afip, mantuvo una reunión con el jefe de asesores del presidente Macri, José Torello, con el nuevo jefe de la Afip, Leandro Cuccioli y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Tal es la preocupación alrededor en el gobierno de Cambiemos.