En 2017, por los cuatro refugios creados pasaron 313 víctimas de violencia de género
Una ley provincial fija derechos para asegurar su alojamiento si dejan su hogar. Hasta 2016 no había ninguno en Córdoba.
Casas alquiladas y hasta hoteles, otros destinos posibles que se utilizan ante la emergencia.
“No tengo adónde ir”. “No puedo volver a mi casa porque me va a pegar de nuevo”. “Tengo miedo”. Esas son expresiones frecuentes entre las mujeres víctimas de violencia familiar, una vez que dan el paso de radicar la denuncia contra su agresor.
Lo habitual es que, sobre todo si tienen niños, se queden en sus hogares y que el hombre sea apartado por orden judicial.
Pero en el mientras tanto pueden quedarse días sin techo. O, en otros casos, ya sin hogar al cual volver. Ahí, la ley exige al Estado una asistencia. El artículo 21 de la ley provincial 9.283 lo obliga a asegurar un sitio de residencia o a pagar un hotel para que la víctima se aleje del entorno violento.
¿Se aplica esa norma? Claudia Martínez, titular de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de la Provincia, aseguró que en Córdoba “se cumple”.
Explicó que, tras ordenarse el alojamiento inmediato, “el equipo técnico resuelve si busca alguna vinculación familiar o comunitaria, sea por unas horas o hasta que se excluya al agresor del hogar”.
Las víctimas, en general, se alojan (con sus hijos, si los tienen) ya sea en hoteles, o en refugios oficiales, o en casas que puedan facilitar los municipios o la Provincia.
Un defensor oficial que trabaja en la Justicia en el interior expuso que, en su región en los últimos cinco años, no se ordenó ningún alojamiento en hotel, porque en la práctica lo primero que se hace es excluir al agresor de la casa.
Interior y Capital
Un relevamiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a pedido de La Voz, arrojó que, en 2017, ningún juzgado del interior ordenó un alojamiento en hotel o residencia. Desde ese órgano judicial explicaron que se acude primero al entorno de confian- za, más íntimo de la víctima, para que esta pueda ser contenida.
En cambio, en la Capital, sólo en 2016, la Justicia ordenó el alojamiento en hoteles de 93 mujeres, siete hombres y 156 niños. En 2017, esa cifra trepó a 191 mujeres, 29 hombres y 265 niños.
Se trata de gente que no tenía otra opción: ningún conocido ni familiar ni recurso para afrontar esa nueva estadía. El período de alojamiento se ubicó en esos casos entre los tres y los ocho días, según precisó el TSJ.
Mientras, desde la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer, se consignó que en los cuatro refugios propios que hasta ahora creó la Provincia (dos en Córdoba, uno en Villa María y otro en Cruz del Eje), se alojó en 2017 a 313 víctimas: fueron 78 mujeres y 245 hijos.
Red con municipios
También la Provincia creó una red de articulación con los municipios. Si bien hay obligatoriedad de registrar todos los casos, suele ocurrir que en el interior se interviene de manera inmediata para asistir a la víctima por corto plazo y esa práctica no aparece en las cifras oficiales. Así, la respuesta a las víctimas sería superior a la que asoma en los datos registrados.
Por esa articulación entre Provincia y municipios, se dispone además de unos 20 refugios que dependen de municipalidades o de ONG.
La ley favorece la decisión de excluir al agresor y garantizarles a la víctima y a sus hijos permanecer en el hogar. “Pero cuando las condiciones de seguridad no están dadas, se buscan estas alternativas de refugio”, explicó Martínez.
Sobre los cuatro refugios creados por la Provincia, ponderó su funcionamiento y citó que están parquizados y con dependencias independientes para evitar contacto con otras víctimas en ese momento de crisis. Hasta 2016 no había ninguno; hoy sólo hay en Capital y dos ciudades del interior.
La funcionaria indicó que a la vez se ofrece la alternativa de “pagarles un alquiler a las víctimas porque ellas tienen que decir dónde y en qué lugar vivir. Por humilde que sea el lugar, muchas deciden estar en su entorno, y otras quieren cambiar totalmente y hasta irse a otra ciudad. La idea es no limitarlas y que ellas puedan realizar su nuevo proyecto de vida, con una ayuda económica para garantizar la vivienda”.
En la actualidad, en todo el territorio provincial, el Estado solventa el costo de alquiler (con contrato por dos años) a 562 personas víctimas de violencia. “Esto significa que, si no estuvieran alquilando, necesitaríamos residencias para 562 familias”, acotó.
Martínez consignó que el tiempo de alojamiento “está asociado a la seguridad de la víctima” y varía según cada historia.
La funcionaria provincial también puntualizó que, “en algunos casos, hay mujeres que no aceptan el alojamiento en refugios porque hay determinadas pautas de seguridad que hay que cumplir y muchas mujeres no están dispuestas a hacerlo. Por ejemplo, salir acompañada con algún personal de seguridad o no usar teléfono celular porque se le saca el chip, incluso por el tema de localización, porque se puede poner en riesgo a otras víctimas”.