“Porque no saben lo que hacen”
“Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”.
Todos saben quién pronunció esa dramática frase. Los que carecemos de esa bondad, en cambio, tenemos el derecho de no perdonar ciertas cosas.
Nuestro gran problema nacional es la corrupción. Hubo gobiernos honestos y corruptos, pero siempre el argentino medio sintió que en algún estamento nacional, provincial o municipal, había funcionarios que se apropiaban de algo que era de todos los contribuyentes. El corrupto comete un delito, o varios.
Hay otra forma de corrupción, no siempre advertida. El que designa al frente de un organismo público a un inepto comete un acto corrupto. El inútil que acepta hacerse cargo de ese cargo también se corrompe.
Es entendible que un gobierno que persigue determinadas políticas convoque a personas comprometidas con ellas, enroladas en el oficialismo. Un buen gobierno, en realidad, cita a los más capaces; pero aceptemos que a esa idoneidad, exigible para cualquier postulación, se sume la tentación de llamar a los que no van a desvirtuar los fines buscados.
Algunos nombramientos obedecen únicamente a la pertenencia a un partido. Peor aún: suele seleccionarse a alguien cuya lealtad con el presidente, gobernador o intendente garantiza su obediencia incondicional, aunque no posea mérito alguno.
Es frecuente premiar con un cargo al que se limitó a militar o a acompañar a un candidato (luego funcionario) transitando un proselitismo prolongado u obsecuente.
Sin ser corrupto en el sentido tradicional (o sea, ladrón, malversador o coimero), el así favorecido comete múltiples errores, por no ser idóneo, y ocasiona al Estado secuelas irreparables: ellas perjudican al ciudadano tanto como si hubiera sido despojado individualmente. Todo lo que se haga, omita o sea mal resuelto produce resultados, no sólo económicos.
Hablar de economía a veces es cómico; ni los economistas coinciden en cuestiones básicas. Usando iguales datos, unos llaman alegremente superávit a lo que otros denominan catastróficamente déficit. Ninguno de ambos bandos tiene pudor alguno. Cada uno da cátedra sobre temas que la ciudadanía desconoce, y siente que triunfó aplastando al adversario (al que considera su enemigo).
Los errores se descubren años después; en realidad, no son descubiertos, pues eran evidentes al ser cometidos. Lo lamentable es que sus autores ya no están. Las consecuencias, que siempre paga primero la gente, son heredadas por quienes llegaron al poder después.
Perjuicios
Debemos asumir todos que también es corrupción nombrar inútiles, para decirlo sin rodeos, en la función pública. Todas las áreas, hasta las que parecen simples, son complejas o técnicas.
Es inadmisible que quien controla, supervisa, anula o autoriza algo sepa menos que el controlado. Una obra pública no puede supervisarla un incompetente; una privada, tampoco, cuando alguna intervención estatal procede.
Así nos va, por desgracia, soportando errores o arbitrariedades permanentes. La historia enseña que muchos incapaces tomaron decisiones funestas sabiendo, en ese instante, lo que hacían, y también que aquellas serían corregidas o aniquiladas cuando cesara su función.
El dicho “nunca es tarde” es falso. Para muchos problemas, su solución, si todavía existe una, resulta tardía. Pensemos en algo elemental: ¿cuántos juicios, que no debieron iniciarse si algún inepto no los hubiera motivado por sus errores o actitudes absurdas, terminaron con fallos que daban la razón a un reclamante ya fallecido o que arruinó sus bienes años atrás?
Las legislaciones modernas deben incluir normas que responsabilicen de forma personal, incluso en lo patrimonial, al inútil que dejó una estela de complicaciones, causas judiciales o perjuicios económicos a los damnificados por su mal ejercicio funcional.
Pero esas normas deben sancionarlas el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales o los concejos deliberantes locales, a propuesta del Poder Ejecutivo o de un miembro de dichos órganos: todos, ¡y estamos rodeados!, son funcionarios públicos. Es mucho pedir, ¿verdad? Nadie legisla en su contra, ni siquiera los opositores, que aspiran a llegar a ser gobierno.
Como “soñar no cuesta nada”, ojalá alcancemos la madurez que nos permita exigir al pueblo, y obligar a los funcionarios que designan a otros funcionarios (otra redundancia: la última) que los nominados posean, como mínimo, idoneidad: eso exige el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Mientras tanto, no perdonemos a los que “no saben lo que hacen”, ya que de manera impune designan a los que jamás nombrarían en sus propias empresas, por ejemplo, o a aquellos a quienes nunca acudirían para que les solucionen sus problemas personales.
Piensan que el Estado es de nadie, un ente abstracto que puede ser pisoteado sin recibir castigo alguno.
No los olvidemos: ellos saben lo que hacen.
EL QUE DESIGNA AL FRENTE DE UN ORGANISMO PÚBLICO A UN INEPTO COMETE UN ACTO CORRUPTO.
ES INADMISIBLE QUE QUIEN CONTROLA, SUPERVISA, ANULA O AUTORIZA ALGO SEPA MENOS QUE EL CONTROLADO.
* Abogado