Laboratorios se niegan a venderle con descuentos a la Nación
La cámara que agrupa a los fabricantes se niega a venderle al Estado con descuentos. Pese a la disputa, en la administración macrista afirman que no habrá faltante de medicamentos.
La dura batalla económica que el Gobierno y los laboratorios están llevando adelante registró un episodio de máxima tensión ayer, cuando un sector de las empresas rechazó venderle medicamentos al Estado con descuentos.
La gestión de Mauricio Macri está negociando desde hace un mes para torcerles el brazo a los poderosos laboratorios que les proveen de medicamentos al Pami y al Ministerio de Salud: pretende imponer “precios de referencia”, lo que reduciría el gasto presupuestario en hasta seis mil millones de pesos anuales.
Ayer, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) le informó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que no acepta la renovación del contrato para la provisión de medicamentos al Pami, la obra social de los jubilados y pensionados, en los términos que pretende el Gobierno.
¿Cuáles son esos términos? El plan oficial tiene sencillamente dos objetivos: que bajen los precios de los remedios que consumen los jubilados y cambiar la manera de compra por parte del Pami y de otros organismos estatales a las compañías.
El actual convenio de abasteci- miento de medicamentos vence el
31 de marzo, y si para esa fecha no hay acuerdo, se firmará una prórroga por un mes. En la administración central descartan que el 1° de abril los jubilados vayan a quedarse sin remedios. Los laboratorios, en tanto, ya sostienen que quieren extender el actual convenio hasta el 31 de diciembre de
2019.
En el Gobierno estiman que la próxima semana o la siguiente habrá acuerdo y desdramatizan la situación. “Esto pasa todos los años y son los laboratorios los que operan en la prensa para plantear escenarios de catástrofe y así presionar más”, explican en Cambiemos.
Después de chequear que efectivamente la canasta de medicamentos de los jubilados subió un
95 por ciento acumulado entre julio de 2015 y diciembre de 2017, más que la inflación promedio, el Gobierno busca también imponer un techo a los incrementos que aplican los laboratorios.
“Es mucha plata en juego, son entre cinco mil y seis mil millones de pesos al año que dejarían de salir de las arcas públicas sin desatender la cobertura de todos los jubilados”, le dijo a La Voz una alta fuente de la administración Macri.
Cilfa dijo ayer que los laboratorios están dispuestos a hacer un “esfuerzo económico adicional” a fin de contribuir a mejorar la situación financiera y económica del INSSJP, como así también a contribuir a disminuir el gasto en medicamentos de los afiliados al INSSJP, pero aclaró que no aceptará los “precios máximos”.
Tras analizar números de 2016 y de 2017, el Gobierno tiene una certeza: muchos medicamentos están sobrefacturados, es decir, tienen precios que no se condicen con los valores registrados por las mismas drogas en países de la región, de Europa o los Estados Unidos.
Por ello, el Poder Ejecutivo decidió cambiar el modelo de compra de los remedios: se armó una enorme grilla de precios estimados sobre los valores reales de las drogas y la pone arriba de la mesa cada vez que el Pami tiene que negociar un contrato.
Esa negociación es cara a cara: de un lado de la mesa, los gerentes de los laboratorios; del otro, uno de los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y el titular del Pami, Sergio Cassinotti.
Antes, durante el kirchnerismo y en los dos primeros años de gestión de Cambiemos, el Estado negociaba con las cámaras de laboratorios Cilfa y Cooperala (nacionales) y Caeme (extranjeros). Pero eso cambió.
Macri ordenó a Lopetegui y a Cassinotti enfrenar a los laboratorios de modo particular. Como son más de 200, negocian con los más grandes, y una vez que los quiebren, a los más chicos no les quedará otra que encolumnarse.
Es que el Pami compra el 40 por ciento de los medicamentos que se comercializan en la Argentina. Incluso, en las cámaras reconocen que si no fuera por ese organismo público, más de 50 firmas deberían cerrar sus puertas.
Los laboratorios aceptan la nueva forma de negociar los contratos, pero señalan que en la Argentina los costos de producción son más elevados que en Brasil, en México, en Estados Unidos o en Europa.