Dura pelea entre firmas en el final de la licitación por la basura
Impugnaciones cruzadas entre dos de las tres oferentes tensan la etapa definitiva. Ayer, Mestre aceptó todas las ofertas técnicas. En dos semanas se abren las económicas.
En el tramo final, la licitación por el servicio de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba ha entrado en un clima de tensión por las acusaciones cruzadas de dos de las tres oferentes que compiten por las tres zonas en las que se dividirá el servicio.
Los consorcios Vega-Caputo y Tosa-Cotreco (esta última, actual prestataria) han desplegado una batería de impugnaciones cruzadas que deberán ser dirimidas a la hora de la adjudicación.
La tercera empresa, Lusa, también prestataria en la actuali- dad, no planteó ni recibió objeciones de peso.
En juego está nada menos que el servicio más oneroso que afrontan los cordobeses, que en ocho años de contrato tendrá un costo de 14 mil millones de pesos, a valores actuales.
Ayer, el intendente Ramón Mestre aceptó las propuestas técnicas de los tres consorcios. En dos semanas, el 4 de abril, se conocerán las ofertas económicas, con lo que la licitación pasará a la fase de adjudicación.
Amenazas judiciales en torno del mayor contrato municipal.
Una contienda empresarial sin tregua y con impugnaciones cruzadas pone en vilo la licitación de la Municipalidad de Córdoba para adjudicar, por una década, el contrato más importante de la ciudad: la recolección de la basura, un negocio que ronda los 14 mil millones de pesos en ocho años, a valores actuales.
El próximo 30 de junio vence el último de los contratos que la Municipalidad les otorgó a las dos prestatarias privadas de higiene urbana, Lusa y Cotreco, empresas
que vienen explotando el servicio de recolección desde 2012 sin licitación.
Si para entonces no hay adjudicatarios en el proceso licitatorio que se está llevando a cabo, y que establece un presupuesto de 13.894 millones de pesos más cláusula de indexación por ocho años, extensibles a 10, estas firmas obtendrán de modo automático un año más de contrato directo. Así está escrito en los acuerdos entre las prestatarias y el municipio.
En este marco, existe una intensa disputa que libran dos de los tres oferentes precalificados el 28 de febrero por la comisión evaluadora constituida por el municipio. Las uniones transitorias de empresas (UTE) Transportes Olivos (Tosa)-Cotreco y Vega-Caputo defienden sus chances en el campo de las impugnaciones normativas.
En efecto, el 8 de marzo, ambos consorcios empresariales ingresaron por mesa de entrada de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad observaciones sobre el dictamen de la comisión evaluadora, solicitando, cada una, la descalificación de la otra.
Antes del decreto de adjudicación que parece estar por llegar en las próximas semanas, dicha comisión deberá ratificar o corregir el dictamen. Y si ese decreto que debe firmar el intendente esconde vicios u omisiones normativos en el proceso, los oferentes que observaron el dictamen podrán impugnar la licitación e ir a la Justicia.
Denuncias de Vega-Caputo Voceros del consorcio VegaCaputo expresaron a LaVoz que una impugnación al futuro decreto adjudicatario es una posibilidad que barajan para el caso de que el poder concedente no aparte de la licitación a Tosa-Cotreco.
“Formulamos observaciones al dictamen de precalificación presentando documentación que demuestra que la capacidad económica financiera del oferente Cotreco no cumplimenta con los pliegos de la licitación”, sostuvieron.
“Entendemos que, tras ellos, la citada empresa aportó documentación y nuestro consorcio solicitó a la Municipalidad tomar vista, pero la misma no dio acceso a esa información”, continuaron. “Si corresponde, será el decreto lo que se impugne”, concluyeron desde la central de esa unión transitoria de empresas.
Las observaciones de VegaCaputo al dictamen al que este medio tuvo acceso indican que los balances expuestos por Cotreco al momento de la presentarse a la licitación acreditaban deudas de contribuciones patronales y de aportes de obra social, y causas administrativas iniciadas por la Afip, algo que según Vega-Caputo es improcedente, según los pliegos. La UTE también documenta acreencias de Cotreco no certificadas por el deudor por 650 millones de pesos, ingresos sin justificar por 84 millones de pesos y 1.040 cheques rechazados por 81 millones de pesos.
En el marco de la disputa, el consorcio Vega-Caputo acaba de difun“Carlos dir, además, que el último mandamiento de intimación de pago de la Justicia por una demanda de Afip a Cotreco fue el 13 de marzo pasado. El texto indica una deuda de 36,4 millones de pesos más un 15 por ciento estimado por intereses y costas.
Denuncias de Tosa-Cotreco Tosa-Cotreco centra su descargo ante la comisión evaluadora en exponer lo que considera irregularidades de Vega-Caputo, y golpea directamente sobre el presidente del Grupo Solvi, empresa brasileña que fue designada legalmente como operadora de Vega Engenheria Ambiental, que es parte de la UTE citada.
Leal Solvi es investigado por múltiples delitos económicos y ambientales en su país de origen. En 2015, fue condenado por improbidad administrativa por el Ministerio Público de Río Grande del Sur (Brasil) por fraude en el pesaje de la basura de la ciudad de Alegrete”, se lee en el texto.
“El decreto 942/2010 que reglamenta la ordenanza municipal de Córdoba 5.727 perceptúa la no aceptación de oferentes procesados por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad”, expresa la observación de Transportes Olivos-Cotreco, que pide a los evaluadores que quiten de la terna al rival.
Ya en materia financiera, y entre otras denuncias de inconsistencias en los balances, el consorcio con una pata cordobesa dice que VegaCaputo presentó como capital de trabajo un inmueble por 276,5 millones de pesos y que el pliego consigna que sólo se deben contener como activo corriente conceptos que puedan efectivamente realizarse durante el período siguiente. Y eso no sería factible en el caso de inmuebles de valor semejante.
Por otra parte, fuera la batalla directa, las observaciones al dictamen de la comisión evaluadora efectuadas por Tosa-Cotreco solicitan mayor puntaje en la precalificación. Alegan que algunas certificaciones de calidad presentadas no fueron tenidas en cuenta. Fuentes de Cotreco informaron el viernes pasado que se le hizo lugar a la observación, lo que sumaría cuatro puntos en cada una de las tres zonas de la ciudad en que se divide en servicio.
Puntajes
En consecuencia, sin la oferta económica –la Municipalidad de Córdoba aún no ha iniciado el análisis de las propuestas de precios–, la calificación quedaría del siguiente modo: Tosa-Cotreco 94 puntos (de 100) en todas las zonas, al igual que Lusa; Vega-Caputo 93,4 puntos en zonas sur y norte (las más grandes y con mayor volumen de negocio) y 96,4 puntos en zona centro.
La metodología de evaluación asigna a la parte técnica un peso de 40 por ciento y a la oferta económica, un 60 por ciento.
De tal modo, cada punto técnico de diferencia entre los oferentes significa que en la oferta económica deben estar tres por ciento más baratos que sus competidores.