Rentas: 42% de los ingresos propios está en manos de los agentes de percepción
Córdoba cuenta con 1.500 bancos y empresas que son agentes nominados, pieza clave de la recaudación propia de la Provincia. Tienen un plazo determinado para transferir lo recaudado y multas en caso de demoras.
El fallo judicial que revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y de Fabián De Sousa provocó no sólo un vendaval político, sino que también puso en debate a los tributaristas y administraciones públicas dada la particular interpretación que hicieron los jueces de la figura del agente de retención.
Es que los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, junto a Eduardo Farah, de la Sala II, recalificaron la causa y entendieron que era un caso tributario y no un delito penal contra la administración pública.
Esto es clave porque Oil Combustibles podría acogerse a una moratoria y así extinguir la acción penal. Más allá de los efectos políticos y judiciales del fallo, hay argumentos tributarios que han puesto en el centro de la escena a la figura del agente de percepción y/o de retención.
“El agente de retención es un sujeto, cualquier contribuyente del país nominado como tal, que al momento de pagar determinados bienes o servicios sustrae parte de ese pago a quien le prestó el servicio o le vendió un bien con destino al Estado. Pago una consultoría de 50 mil y retengo 10 mil de impuestos”, ejemplifica el tributarista José María Farré.
En tanto, el agente de percepción –ambos surgen de la ley 11.683 de procedimiento fiscal– implica “un método de recaudación que dice que por encima de lo que te cobro, agrego un extra, que es el impuesto que aplica el Estado. Me aumenta la recaudación en mi bolsillo, pero es para pagarle al Estado”, dice Farré.
Oil Combustibles estaba nominado, como todas las estaciones de servicio, como agente de percepción. Esto significa que al despachar un tanque de nafta, por ejemplo, además de cobrar el IVA y los impuestos provinciales, debía cobrar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Entre 2012 y 2015, cobró esos impuestos pero no los transfirió al fisco, con la presunta complicidad de la Afip. Fueron, a valores de entonces, 8.000 millones de pesos.
En Córdoba
La figura del agente de cobro fue introducida por Carlos Tacchi, secretario de Ingresos Públicos de Carlos Menem de 1991 a 1995. Todas las provincias lo imitaron. “Como era baja la tasa de cumplimiento de pago voluntario de los impuestos por parte de las empresas, resolvió que había que armar un esquema que al pagar o cobrar algo, retenga el tributo. Es parecida a la retención de ganancias o jubilación que hace el empleador”, compara Heber Farfán, secretario de Ingresos Públicos del Gobierno de Córdoba.
Con el agente, el Estado busca la colaboración de un tercero. Tiene su lado cuestionable, ya que el fisco no reconoce nada por esa tarea, que implica costos de tiempo, sistemas y recursos humanos. Además, no hay manera de que el agente seleccionado pueda negarse a esa tarea.
De los nueve mil grandes contribuyentes, la Provincia tiene nominados a 1.500 como agentes de retención o percepción, que son responsables de recaudar el 65 por ciento de los Ingresos Brutos; o el 42 por ciento de los ingresos impositivos propios. Ahí están los bancos, tarjetas de crédito, escribanos, registros del automotor y muchos contribuyentes grandes, tanto públicos como privados.
Lo que perciben la primera quincena del mes lo deben depositar entre el 20 y el 25; y lo que perciben la segunda quincena, entre el 8 y 9 del mes siguiente, con una afinada
Ramón Mestre, intendente de Córdoba. “Somos todos iguales ante la ley, es una barbaridad la decisión de la Justicia. Soy prudente, pero esto es una flagrancia logística de control detrás para evitar lo que hizo López: que el agente se financie con plata del Estado.
En una especie de reconocimiento a los costos hundidos que esto representa para las empresas, Córdoba redujo en 2018 las penalizaciones por rendición fuera de término: pagaban de dos a cinco veces el monto retenido y se bajó al 50 por ciento hasta 30 días, con una escala creciente para otros plazos.
“En general, en Córdoba no hay atrasos, las empresas cumplen”, asegura Farfán. “Lo de Cristóbal López no tiene asidero, lo hizo sistemáticamente durante años”, juzgó.