La democracia como único horizonte
Hoy se cumplen 42 años del golpe de Estado más devastador de la historia argentina. Y, como cada año, se renuevan los actos de evocación y de homenaje a los miles de conciudadanos que fueron víctimas de aquella tragedia.
Los espacios de expresión abiertos por estos días ensayan revisiones de aquel capítulo tenebroso y vigorizan la repulsa a los jerarcas responsables de poner al Estado al servicio del terror, como también a los represores subordinados que se dedicaron a violar de manera sistemática los derechos humanos. Manifestaciones y homenajes públicos que cada 24 de marzo se renuevan en todo el país, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Sin embargo, esta vez la evocación viene agitada por decisiones que de inmediato generaron controversias en sectores dirigentes y en gran parte de la sociedad: la factibilidad de que un centenar de represores condenados salgan de la cárcel y gocen del beneficio de prisión domiciliaria.
Entre los sujetos incluidos en un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), figura como eventual beneficiario el exmarino Alfredo Astiz. Este personaje se ganó su mala fama por haberse infiltrado como espía en la organización Madres de Plaza de Mayo, desde donde perpetró delaciones, torturas y asesinatos.
Más allá de las razones jurídicas y motivaciones de edad y sanitarias que se esgrimen, y que obviamente deben ser tenidas en cuenta en un Estado de derecho, la situación de Astiz tendría que ser dirimida también a la luz de un precedente reciente fijado con Miguel Etchecolatz.
Este expolicía bonaerense que operaba como mano derecha del criminal Ramón Camps había sido enviado a su casa por orden de un tribunal de Casación que consideró la edad del reo, pero días atrás otra cámara de alzada revocó la medida y Etchecolatz retornó a su celda.
A los reclamos de entidades sociales y humanitarias que se oponen a estas prerrogativas, se sumó la propia Cámara de Diputados de la Nación, que el pasado miércoles sentó una postura contraria a que los condenados listados por el SPF sean beneficiados con prisión domiciliaria.
A la polémica se incorporó asimismo la opinión de Graciela Fernández Meijide, de reconocida militancia por los derechos humanos a partir de la desaparición de un hijo en un operativo clandestino. La dirigente dijo que “hasta el peor enemigo tiene derechos”, en una crítica implícita a presuntas actitudes revanchistas.
Más allá de las diferencias, aun irreconciliables, este aniversario del golpe de 1976 debe ser propicio para reflexionar sobre el pasado aciago, pero también para poner en primer plano el valor de la democracia como única forma republicana de convivencia en paz y en libertad.