Convenios de privilegio, un inf lador del “costo Córdoba”
Algunos gremios se benefician con cláusulas que no existen en otros sectores, algunas de las cuales no guardan relación con la situación actual.
En Argentina, existe una grieta no sólo entre trabajadores registrados e informales, que les da a los primeros beneficios que los segundos no conocen.
También hay notables diferencias en algunos convenios colectivos de trabajo que, de la mano de gremios cada vez más poderosos, han logrado conquistas que otros pares no tienen. Hay casos notables como el de los municipales del Suoem o los empleados de Epec.
Pero también sucede con sindicatos del sector privado, como Camioneros. Según los empresarios, es parte de la explicación del “costo Córdoba”.
En materia laboral, como en tantos otros aspectos, la Argentina es un país fragmentado. El trabajador formal, además de poder demostrar ingresos con su recibo de sueldo, goza de beneficios que el que está en negro no tiene: vacaciones pagas, cobertura de salud, aporte para su jubilación e indemnización en caso de despido.
Pero hay otra grieta. Más sutil en algunos casos, tremendamente visible en otros: convenios colectivos que, de la mano de gremios cada vez más poderosos y agresi- vos, han logrado una serie de conquistas que otros trabajadores, formalizados también, no tienen. Esas conquistas han redundado en más ingresos que van directo a los sindicatos y afectan la competitividad de las empresas. Algo, sólo en algunos casos, llega al trabajador. Son parte de las explicaciones de una Argentina cara, de un Estado devorador de ingresos y también del “costo Córdoba”. Pasa en los públicos y en los privados.
En los estatales, la enorme gran diferencia con el resto está en la estabilidad asegurada y en las seis horas de trabajo. En algunos casos, siete. No hay riesgo de perder el empleo ni tampoco se controla que esas seis horas de trabajo sean tales.
No hay incluso premios por productividad.
Recién ahora, en algunos casos y ante una demanda social creciente se regula el ingreso y egreso horario mediante huella biométrica. El caso más conocido es el de los municipales cordobeses de Capital, que además de un salario promedio de 48.500 pesos (el doble que un privado formal), tienen un amplio régimen de licencias pagas yunextraquevadel20al50por ciento del básico en concepto de bonificación.
Fue concebido para quien hacía tareas peligrosas pero hoy lo cobra prácticamente toda la planta de personal.
Hay un extra por prolongación de jornada del 15 por ciento del básico (cinco horas a la semana) y del 30 si son 10 horas. Pero además, concesiones extremas, como la posibilidad de faltar dos días al mes sin justificar por qué. Y, desde este año, actualización mensual automática de los salarios en función de la inflación.
En la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), hay un privilegio que exaspera a los usuarios: la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE), que se paga una vez al año a sus 3.995 agentes y equivale hasta a 2,56 salarios, además de otras bonificaciones, con una que no es menor: luz gratis.
Además, todo el sector público (incluyendo bancarios, pese a que tienen el convenio nacional) aporta y se jubilará bajo las condiciones de la caja previsional local, que paga jubilaciones que triplican las de Anses y que son financiadas con impuestos de todos los cordobeses.
Privados
En el sector privado pasan varias cosas. El emergente hoy son los aportes solidarios. Los sindicatos se financiaban, básicamente, de dos maneras: el aporte que va a la obra social y la cuota sindical, que paga el que está afiliado.
Pero desde 2006 muchos gremios lograron que la autoridad laboral, que en tiempos del kirchnerismo apostaba a fortalecer a los gremios, les homologara algo inusual: descontarles un aporte a los trabajadores no afiliados, aun contra su voluntad. Ese aporte va del uno al tres por ciento: lo tiene Comercio, Camioneros, Gastronómicos, UTA, Uocra (construcción), Plásticos, Alimentación, Textiles y Gráficos, entre otros.
“Esas cláusulas abusivas han sido consentidas por el patrón. Aceptan cosas que a lo mejor no les afectan directamente, porque son descuentos al trabajador, pero porque sacan otro beneficio”, señala Raúl Altamira Gigena, abogado especialista en laboral.
El Ministerio de Trabajo de la Nación convalidó, a pedido de las entidades bancarias, el cese del aporte a los no afiliados bancarios, aunque la Justicia obligó a restituir la cuota solidaria a los 45 mil no afiliados.
Trabajo apeló la medida, pero se trata de un caso testigo a la hora de desarmar esa millonaria caja con la que se financian los sindicatos. Pero, claro está, son las empresas las que –en la negociación paritaria– tienen que pedir la exclusión y el Estado, propiciarlo.
Aporte directo
Hay otros gremios que han logrado un aporte directo de la patronal. El más conocido es el de Atilra, el que nuclea a 25 mil trabajadores de la industria láctea. Con la crisis de Sancor, el gremio se allanó y aceptó una reducción del aporte permanente que le cobraba a toda la industria: 20 por ciento del básico (categoría A), que equivalía a mayo de 2017 a 3.868 pesos por trabajador.
Desde entonces, se redujo a un monto fijo de 750 pesos mensuales para las empresas de hasta 70 empleados y 1.500 para las más grandes. No obstante, Atilra sigue cobrando un aporte solidario del cinco por ciento y uno más, llamado “subsidiario”, del 1,5 por ciento.
Camioneros es un rosario de aportes al gremio que encarecen el salario, pero sin que lo reciba el trabajador: tres por ciento de contribución solidaria, 0,5 para actividades culturales, dos por ciento para la bolsa de trabajo, dos para capacitación, dos para profesionalización del sector, 1,5 de seguro de sepelio y dos por ciento para fomento de actividades sociales: un combo de 13 por ciento adicional. Y una más: si un trabajador es despedido o se cambia de empresa, se le debe reconocer y pagar la antigüedad.
Los empleadores de la industria plástica, por ejemplo, también pagan 1.200 pesos mensuales en concepto de capacitación. “Yo hace 40 años que estoy en el rubro y deben haber hecho cuatro o cinco cursos, con suerte, en todo ese tiempo”, dice Gerardo Seidel, de plásticos Dise, y titular de la Unión Industrial.
Hay otros que tienen un adicional ex profeso . Es el caso de la industria gráfica, que para el convenio de Córdoba tiene un extra del 7,8 por ciento. “Tenemos una situación sectorial complicada, y además pagamos 7,8 más que nuestros competidores. Colegas de San Francisco cruzaron la calle, llevaron la imprenta a Frontera y agarraron negocios que no podían agarrar”, cuenta Gastón Ferrero, titular de Soluciones Gráficas y presidente de Ugar, la entidad que representa a las 400 imprentas de la provincia.
Este sector sufre, además, una pelea interna entre el gremio local y la federación, que pelean sobre quién debe cobrar los cinco aportes específicos que rigen en el salario. En este sector el gremio ha logrado, vía presión directa, hacerse de algunas imprentas que hoy gestionan bajo el formato de cooperativas.
Los choferes de colectivos urbanos también tienen en Córdoba una conquista que no rige en el resto del país: una jornada de trabajo de siete horas en lugar de ocho. Eso obliga a las empresas a completar los turnos con horas extras, que se pagan al 50 por ciento. Por ejemplo, una de las concesionarias locales paga al mes casi ocho mil horas extras. Si rigiera el convenio de otras plazas serían 520: 93 por ciento menos.
Puntos insólitos
El convenio de los recolectores de residuos (Surrbac), escindidos de Camioneros, también tiene puntos insólitos. Por ejemplo, el día después de un feriado, como se supone que hay más trabajo, la jornada debe pagarse el doble. Y una más: por cada día de vacaciones, el empleador debe pagar 2,34 por ciento extra. Al reincorporarse, le corresponde entre un 11,4 y un 26,7 por ciento según la cantidad de días gozados. Si hay contenedores, el salario se encarece 20 por ciento. Este punto, y todo el convenio en general, es lo que traba hoy la licitación de la basura.
Y después están los convenios que, con 40 años o más sobre sus espaldas, han quedado absolutamente viejos.
“Las condiciones laborales no tienen nada que ver hoy con las de hace años; hubo una extraordinaria revolución tecnológica”, cuenta José Díaz, de la cámara que agrupa a las 240 empresas mineras que operan en la provincia.
En molienda había una categoría que era embolsador: uno sostenía la tolvilla donde descargaba la boquilla de la tolva, otro cosía, otro acarreaba. Hoy, todo eso es automático y la categoría persiste.
“Los convenios tienen un plazo de vencimiento, pero por la cláusula de ultraactividad se prorrogan automáticamente y lo único que se discute son salarios”, señala Jorge Colina, del centro de estudios Idesa.
Señala que en Argentina los convenios fueron definidos hace 40 años, sin cambios, cuando en los países desarrollados se discuten, en promedio, cada 21 meses.
LAS CONDICIONES NO TIENEN NADA QUE VER CONLASDEHACEAÑOS; HUBO UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.
José Díaz, de la Cemincor
LOS CONVENIOS TIENEN UN PLAZO DE VENCIMIENTO, PERO LO ÚNICO QUE SE DISCUTE SONSALARIOS.
Jorge Colina, de Idesa