Lo que falta para garantizar la educación de los adultos mayores
La Convención Interamericana de Derechos Humanos obliga a garantizarla. Argentina no tiene propuestas formales para este sector. Sólo hay espacios públicos y privados que ofrecen talleres y cursos.
¿Qué posibilidades de educación tienen los adultos mayores en Córdoba? ¿Qué espacios gratuitos y de formación continua existen? ¿Cumple la Argentina con la normativa internacional de garantizar el derecho a la educación en este sector?
Un proyecto de investigación doctoral, aún en curso, sobre experiencias formativas con adultos mayores, de Alejandra Vera Calle, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora en la UNC y becaria del Conicet, revela que en el país no existen propuestas de educación para adultos mayores que provengan del Ministerio de Educación, pese a que, en términos de política pública, esta es concebida como un derecho.
“A nivel nacional, muchas de las propuestas provienen del Ministerio de Desarrollo Social o del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)”, asegura Vera Calle.
La Argentina ratificó hace seis meses la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que obliga a los estados, entre otras cosas, a promover la educación y la formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías para minimizar la brecha digital y generacional y para incrementar la integración social. También, exige diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos vulnerables. Además exhorta a fomentar y a facilitar la participación activa de los mayores de 60 años en actividades educativas, formales y no formales.
El tema es prioritario, ya que el envejecimiento poblacional viene creciendo. Se estima que el 14,1 por ciento de los habitantes de América latina tendrán más de 60 años en 2025 y que este grupo representará cerca de la cuarta parte de la población total (23,4 por ciento) en 2050. La proyección realizada por la Comisión Económica para América latina (Cepal) indica que, dentro de 32 años, uno de cada cuatro habitantes de la región habrá pasado la barrera de los 60 años. Propuestas educativas
En la Argentina, el Ministerio de Educación no tiene propuestas específicas. Vera Calle considera que esto es posible en países que registren baja repitencia y abandono y alta promoción escolar. El caso de Corea es un ejemplo.
“Aquí, la modalidad de adultos atiende la situación de jóvenes que no pudieron completar su escolaridad a término, es decir, no destina su accionar exclusivamente a los adultos según un criterio etario”, remarca Vera Calle.
En otras palabras, frente a cuestiones prioritarias a las que dar respuesta, los adultos mayores quedan relegados.
La investigadora sostiene que otro motivo por el que no se incluye a los adultos mayores dentro de la política educativa de un país puede estar relacionado con sistemas con una fuerte vinculación con la formación para el empleo.
“Ahí la educación aparece con un claro tinte utilitarista y esto deja afuera a los adultos mayores que no buscan la educación para formar parte del mercado de trabajo, sino que lo hacen con otros fines vinculados, por ejemplo, a su desarrollo personal”, plantea.
Y agrega: “La educación debe posibilitar el desarrollo del hombre a lo largo de toda la vida, no sólo debe estar ceñida a las demandas del mercado de trabajo. También creemos que su debate, construcción y estudio debe tener el rango educativo: no recreativo, no terapéutico. Sin excluir estos intereses, darle a la educación de los mayores el nivel de debate y la profundidad teórica como se le da a la de otros grupos poblacionales, como los jóvenes o niños”.
Por otra parte, la investigadora plantea que las propuestas educativas pueden ser públicas, estatales o privadas. Las hay gratuitas y otras aranceladas. Pero, subraya, que, si se concibe la educación de adultos mayores con el rango de derecho, el Estado debe dar respuesta.
“Si la oferta educativa proviniera solamente de la esfera privada y fuese arancelada, excluiría de su goce a personas que por cuestiones económicas no puedan pagarla y, paradójicamente, quedarían relegados aquellos que más necesitan de la educación al no haber podido acceder a ella en otras etapas de la vida”, sostiene Vera Calle.