Las sospechas subrogantes
En los tribunales, la ley de gravedad funciona al revés. Las cosas más pesadas caen para arriba. Desde que reabrió con anuncios de reformas el año judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que tomar dos decisiones parecidas, pero con sentido político opuesto.
La primera de esas decisiones abatió algunas esperanzas del gobierno de Mauricio Macri. Fue la que objetó el tribunal que tendría a su cargo algunas causas contra la senadora Cristina Fernández.
En el Gobierno leyeron esa resolución en clave política, como una concesión cortesana a la corporación de jueces atrincherados en Comodoro Py y una dilación del juicio oral y público gestada en la mayoría de origen peronista que conforma el máximo tribunal del país.
Es cierto que la deconstrucción de ese tribunal provisorio beneficiará a Cristina con una demora que la acerca un poco más a los tiempos preelectorales.
No menos real es que todos los miembros de la Corte coincidían en la fragilidad del mecanismo de subrogancia elegido. Esos jueces – sobre los que se posaría la mirada del país– ni siquiera habían sorteado cabalmente el procedimiento de aprobación en el Senado que se requiere para ejercer la magistratura federal.
La segunda decisión de la Corte Suprema fue más breve y de consecuencias más complejas.
Cercados por la indignación social que generó el salvoconducto a la impunidad que le firmaron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero al empresario Cristóbal López, los miembros de la Corte Suprema acordaron enviarle a Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura, una nota en la que piden que se investigue la integración de la Cámara Federal que revocó la prisión preventiva de López y su socio Fabián de Sousa.
La nota tiene sólo dos párrafos y el segundo es un mero saludo de forma. Pero implica un cuestionamiento formal inédito, desde el vértice del Poder Judicial hacia la corporación de magistrados.
Los expertos en ciencias jurídicas intentan imaginar qué consecuencias tendría en el transcurso de los procesos en marcha contra López esa inquietud oficializada por la Corte. La política no esperará ese dictamen. El máximo tribunal argentino ha puesto en evidencia que existe una alta probabilidad de maniobras irregulares para constituir un tribunal en el que se decide el caso de fraude fiscal más relevante del que tenga memoria el país reciente.
La Corte Suprema le aportó a la confusión general el testimonio explícito de sus propias sospechas.
El dato es de una gravedad que alarma. Puede leerse –y con razones– como una decisión que vino a equilibrar a la anterior. Apunta contra los jueces en el mismo sentido de las críticas que desgrana el Gobierno.
Es, de todos modos, una lectura pequeña. Si se abre el foco, se alcanza a percibir la crisis terminal en la que naufraga el sistema judicial donde los funcionarios cuestionados por imputaciones de corrupción son investigados por jueces sobre los que también pesa una sospecha de corrupción.
Argentina se ha convertido en el país de las sospechas subrogantes. Siempre hay una para reemplazar a otra, porque los jueces han perdido el crédito para establecer lo que es verdad.
La liberación de Carlos Zannini se explica por la volatilidad de esos criterios judiciales.
El año pasado, los jueces resolvieron aplicar la prisión preventiva a exfuncionarios con la pauta de que podrían entorpecer los procesos en su contra o eludir la acción de la Justicia.
Ahora el péndulo se fue al otro extremo, con una doctrina curiosa: si el acusado no es funcionario público en ejercicio de un cargo, nunca proceden esas presunciones.
Ya con el caso de Cristóbal López, esa laxitud de los jueces se evidenció cuestionable. Nadie que se apropia de miles de millones de pesos pierde poder e influencia sólo por carecer de un cargo público. Ni se expone de inmediato a la prisión apenas porque lo designen director de parques y paseos.
La fiscal Gabriela Baigún –que debería acusar a Zannini pero pidió que lo liberen– estrenó además una lógica inédita. Como están en libertad otros sospechosos célebres del encubrimiento del atentado a la Amia –como el expresidente Carlos Menem, amparado en fueros parlamentarios– corresponde extender en general las mismas prerrogativas. Cuando la impunidad persiste, se gana el derecho a garantizarse la sucesión.
El argumento de Baigún en el caso Zannini toca un punto angular e irresuelto para los fiscales federales. Baigún lo aplicó en la misma causa por la cual, se presume, asesinaron a su colega, el fiscal Alberto Nisman. Así de riesgosa puede resultar la libertad de los acusados si existe una presunción cierta de su actuación ilegal.
En el ámbito de los fiscales federales, el deterioro de la Justicia tocó fondo de un modo alternativo y complementario con los jueces cuestionados de Comodoro Py.
Bajo la gestión de Alejandra Gils Carbó, se instrumentó un protocolo punitivo a resguardo de la verdad y de los hechos. Sólo si el acusado coincidía con el oficialismo regía plenamente la presunción de inocencia.
Mauricio Macri resolvió saltar esa valla con la postulación de Inés Weinberg de Roca para la Procuración General. Carece de los votos en el Senado para conseguir su designación.
Miguel Pichetto informó que el peronismo mayoritario en el Congreso no tiene candidato propio, aunque el fiscal Raúl Plee esperaba ese impulso opositor.
Para esa negociación, Pichetto ya envió una señal al actuar su descontento en la comisión de Asuntos Constitucionales cuando se planteó que está pendiente el desafuero de Cristina.
Al oficialismo tampoco lo conviene acelerar esos tiempos. Cristóbal y Zannini pueden dar fe de la debilidad de las jueces a la hora de la verdad.
HASTA LA CORTE SUPREMA ADMITIÓ LO PEOR: QUE LOS JUECES SE ACOMODAN SEGÚN LAS NECESIDADES DE IMPUNIDAD.