Controversia por cambios en el Indec
El Gobierno analiza disolver el Indec y crear otro con más independencia económica y mayor autonomía política. No hay acuerdo sobre qué modelo se debería imitar. Críticas del gremio y de Jorge Todesca.
La administración de Mauricio Macri evalúa disolver el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para crear un ente con más independencia económica y política. Tanto el gremio como el titular del Instituto, Jorge Todesca, criticaron la iniciativa.
El Gobierno y la conducción del Indec están negociando un proyecto de ley para crear un nuevo organismo de estadísticas públicas, con cierta independencia económica y autonomía política, punto sobre el cual aún no se pusieron de acuerdo.
En una cabecera de la mesa está Mario Quintana, el coordinador del gabinete económico y as del presidente Mauricio Macri en la definición de cada proyecto de ley con impacto sobre las cuentas o números públicos. Del otro lado, Jorge Todesca, el economista convocado por Macri en 2015 para la reconstrucción de un organismo cuya credibilidad y transparencia venían maltratadas por decisiones políticas del kirchnerismo.
Si bien aún no se pusieron de acuerdo en los detalles, el objetivo de ambos funcionarios es el mismo: crear un organismo respaldado por una ley que no pueda ser intervenido por el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió entre 2007 y 2015.
Por consejos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), órgano al cual Cambiemos quiere que la Argentina ingrese, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), se está buscando un cambio.
El gremio ATE-Indec, en tanto, se declaró ayer en “estado de alerta y movilización” y anticipó que organizará una “gran asamblea general para discutir el tema”, a la espera de mayores precisiones por parte del Gobierno.
En la mesa de Quintana y Todesca también se sientan el secretario de Fortalecimiento Institucional y exdiputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en cuya cartera está el organismo.
Fuentes de Hacienda dijeron a La Voz que la iniciativa de Quintana, construida sobre una propuesta que le elevó Dujovne, busca más jerarquía técnica, transparencia y autonomía del organismo.
¿Cuál es la propuesta concreta? Disolver el Indec tal cual se lo conoce hoy y crear un nuevo organismo desde cero, con otro nombre y un lugar distinto en el organigrama del Estado: podría pasar a depender directamente de Presidencia o de Jefatura de Gabinete.
“Se propone que este organismo tenga un consejo integrado por miembros del Ejecutivo y de la sociedad civil, que hoy no están representados”, le dijo a este diario un colaborador de Dujovne.
Además de concursar todos los cargos y armar las estadísticas, ese “nuevo Indec” tendrá que coordinar todas las áreas del Estado que producen datos, incluso por encima de ministerios como el de Trabajo y Desarrollo Social.
Dujovne se inspiró en la británica Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés), fundada en 1996 tras la fusión de tres áreas que se encargaban de procesar datos sobre precios, desempleo y pobreza, entre otros.
Cerca de Todesca, los ánimos son otros: advierten que la iniciativa del Poder Ejecutivo podría tener un efecto contrario y provocar una mayor injerencia política del gobierno de turno, con peligro para las cuestiones metodológicas.
Básicamente, que el nuevo organismo esté en la órbita de Presidencia sería una catástrofe, según Todesca. “Llevamos dos años tratando de reconstruir el desastre que hizo Moreno y ahora no podemos retroceder”, dijo a este diario un colaborador del economista.
El modelo mejicano
En el edificio ubicado en la avenida Julio A. Roca, en Buenos Aires, se inclinan por imitar el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) de México, que define no sólo sus aspectos normativos y metodológicos de forma autárquica, sino que también es económicamente independiente.
Quintana y Todesca coinciden en que el nuevo instituto deberá tener un consejo superior, pero para el segundo los integrantes deben ser profesionales regidos por un código de ética con mandato a término (podrían ser seis años), sin nombramientos políticos.