La Afip busca que Casación revoque el fallo que dejó libre a Cristóbal López
El ente recaudador apeló con el objetivo de que el empresario sea juzgado por el delito de defraudación al Estado y no por evasión. El Consejo de la Magistratura analiza hoy cómo se constituyó el jurado que benefició a López.
El Gobierno retomó la ofensiva judicial contra Cristóbal López, a quien señala como el autor de una maniobra que le causó un perjuicio al Estado de miles de millones de pesos.
Lo hizo a través de la Afip, que, como querellante, pidió en los Tribunales de Comodoro Py que el empresario kirchnerista fuera juzgado por el delito de “defraudación al Estado” y no por el de “apropiación indebida de tributo”, como dispuso la Cámara Federal porteña hace 10 días, cuando lo dejó en libertad.
Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, “apropiación indebida de tributo” abre la puerta a que se discuta qué fuero es competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría dar lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.
La Afip cuestionó el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en beneficio de los empresarios López y Fabián de Sousa, mediante una apelación presentada ayer al mediodía por el abogado del organismo recaudador, Ricardo Gil Lavedra, quien pretende que la resolución sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La Afip resaltó su “firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables” de la retención de ocho mil millones de pesos en impuestos a la transferencia de combustible, a través de la firma Oil Combustibles, que forma parte del grupo Indalo.
“Esta maniobra ha sido urdida desde los más altos niveles de conducción de la Afip (que entonces estaba a cargo del dirigente kirchnerista Ricardo Echegaray) para beneficiar al grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco”, sostuvo Gil Lavedra en el escrito de 45 páginas que presentó ante la Cámara de Casación.
Para los abogados de la Afip, la causa excede la “indebida retención de tributos”, justamente porque incluyó la participación de Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado pero sin detención.
“Nos cabe la responsabilidad de asumir la representación de millones de contribuyentes indignados que consideran estéril su esfuerzo fiscal si hechos de esta naturaleza quedan, por la arbitrariedad de los jueces, sin sanción alguna”, sostuvo Gil Lavedra.
El exdiputado fue drástico en su apreciación del fallo al señalar que el cambio de carátula “importa la virtual extinción de la investigación, erigiéndose como una suerte de sobreseimiento encubierto”.
López y De Sousa estaban pre- sos desde fines de diciembre pasado y fueron excarcelados hace 10 días por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
Bajo la lupa
En este contexto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá hoy para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Farah en el fallo que liberó a López yaDeSousa.
La investigación se originó en un pedido poco frecuente de la Corte Suprema del jueves pasado, en que se solicita al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que determine el “procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I”, para así despejar si existió o no “alguna irregularidad en esa conformación”.
Ante el pedido de la Corte, el camarista de la Sala I, Jorge Ballestero, salió a explicar la incorporación de Farah recordando que la sala tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler, y que el magistrado fue designado por sorteo en una causa conexa el 15 de diciembre pasado.