Los ricos de provincias pobres y los pobres de provincias ricas
El cambio se demoró y aún no se implementó, pero la reducción del costo laboral no salarial es uno de los puntos de la reforma tributaria que antes se va a sentir en los bolsillos de las empresas.
Como el resto de las modificaciones de la ley votadas al terminar 2017, el nuevo esquema de contribuciones patronales rige desde el 1 de enero de este año.
Sin embargo, cuestiones operativas recién lo harán visible desde abril para los empleadores: el aplicativo para liquidar las cargas sociales estará disponible el mes próximo para el vencimiento de marzo, aunque permitirá rectificar lo declarado y obtener los beneficios previstos para los dos primeros meses de 2018.
En realidad, sería el primer punto de la nueva ley que se aplica en la práctica porque, transcurridos tres meses de la sanción, aún no se reglamentó ninguna cuestión.
La decisión de modificar el esquema vigente para las contribuciones hasta 2017 trajo polémica.
La nueva normativa establece un mínimo no imponible (no se tributará sobre un monto determinado, que será de 12 mil pesos actualizado desde enero de 2022) y la unificación de las alícuotas diferenciales.
Hoy son del 21 por ciento para comercios y servicios y del 17 por ciento para las otras actividades y para las Pyme, y van a ir convergiendo en forma gradual hasta el 19,5 por ciento, para todos, en cinco años.
Además, se eliminan las diferencias regionales que permitían tomar un porcentaje como crédito fiscal para pagar el IVA en provincias alejadas y lugares postergados.
Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, remarcó en el tradicional almuerzo de la entidad de la semana pasada, que esto genera un sesgo negativo, porque beneficia más a Buenos Aires que a los lugares más alejados.
Según sus cálculos, las Pyme de Tierra del Fuego, Jujuy y Formosa y las grandes de la provincia del extremo sur terminarán, en 2022, pagando más que ahora. En cambio, las empresas situadas en las demás jurisdicciones terminarán con un menor costo laboral.
La lógica del cambio busca beneficiar a las empresas más chicas, que son, en general, las que pagan sueldos más bajos. A diferencia de la alícuota diferencial, ahora se establece el mínimo no imponible que comienza en
2.400 pesos para 2018 y va subiendo hasta llegar a 12 mil pesos (actualizado por la inflación) en
2022.
De esta manera, no importa dónde esté localizada la firma, sino su tamaño para pagar proporcionalmente menos. La intención es que no se beneficie a empresas grandes de provincias pobres mientras se perjudica a firmas chicas de jurisdicciones más “ricas”.
Si tomamos un sueldo promedio nacional de 26 mil pesos (valor de noviembre de 2017, sin aguinaldo), para una empresa que paga el 17 por ciento, la combinación de no tributar sobre 2.400 pesos y una pequeña suba de alícuota a 17,50 por ciento implica un ahorro de
6,5 por ciento en la contribución a pagar en 2018. En lugar de 4.420 pesos, se abonarán 4.130.
Para 2022, el ahorro será del 38 por ciento (con un mínimo no imponible de 12 mil y tasa de 19,5),
1.690 pesos menos por cada trabajador.
Si el sueldo promedio de la empresa fuera de 15 mil pesos en bruto, el ahorro durante 2018 sería del 13,5 por ciento y llegaría al 77 por ciento dentro de cinco años.
Este primer año, quizá el incentivo no sea muy grande para registrar trabajadores “en negro”. Y, probablemente, haya otros motivos que los empresarios miran con recelo para tomar personal (indemnizaciones, riesgos del trabajo, por ejemplo).
Pero esta medida, combinada con el blanqueo laboral que está por ser tratado en el Congreso, aporta su granito de arena para el objetivo de aumentar el empleo formal.
EL NUEVO ESQUEMA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES BENEFICIA MÁS A LAS EMPRESAS QUE PAGAN SALARIOS MÁS BAJOS.