Una discusión realista
Argentina enfrenta un serio problema de competitividad. Miles de ciudadanos lo perciben cuando se trasladan a países vecinos, a Europa y a Estados Unidos.
La pérdida de competitividad está vinculada con la presión tributaria total –entre el 40 y 50 por ciento del valor de un bien o servicio–, los inconvenientes de logística –en un país casi sin ferrocarriles de carga y con cientos de kilómetros de rutas en mal estado– y los costos laborales.
No se trata de imitar las condiciones de trabajo que existen en China, pero la realidad impone sincerar los convenios que incluyan prerrogativas injustificables.
La provincia de Córdoba no es ajena a las deformaciones observables en la mayoría de los convenios colectivos del país, redactados hace más de 40 años y prorrogados sucesivamente.
Hubo, en algunos casos, intentos de actualizar los contenidos, pero en la mayoría se agregaron sobrecargas que deben ser enfrentadas por el sector privado o el público. Esos mayores costos son pagados luego por el resto de la sociedad en impuestos y tasas.
Basta mencionar sólo algunos ejemplos para comprender la irracionalidad de ciertos beneficios en un mundo competitivo, como lo demuestran los ingresos de ropa, zapatos, juguetes, electrónicos y alimentos, entre otros, a precios muy por debajo de los del mercado local.
Los empleados de Epec perciben una bonificación anual por eficiencia (BAE), que la cobran más allá de si el trabajador tuvo ausencias en el año, fue sancionado o realizó medidas de fuerza. Sólo se le aplican pequeñas quitas a un beneficio que duplica o triplica el sueldo.
Las empresas recolectoras de residuos deben pagar al gremio el nueve por ciento de la masa salarial, que el sindicato no traslada a los afiliados, salvo por la realización de fiestas ostentosas. El costo de la recolección de residuos es uno de los más caros del país.
La irracionalidad no se detiene ahí. Las licencias incluidas en el convenio de los trabajadores municipales redundan en una menor cantidad de días trabajados en el año respecto de otras actividades.
Los choferes del transporte urbano trabajan una hora menos que sus pares nacionales, lo que da lugar a la necesidad de horas extras para cubrir un servicio de 24 horas.
Todos estos costos terminan por elevar impuestos y tasas hasta niveles casi impagables, o que el valor de los bienes y servicios dupliquen y hasta tripliquen el de los importados.
Es tiempo de sincerar los convenios para eliminar premisas inviables en el actual contexto global, salvo que se decida un peligroso aislamiento, que impactará en la calidad de vida y generará más atraso.