El sostenimiento económico del clero católico
El problema sobre el apoyo económico a la Iglesia católica por parte del Estado nacional será de actualidad mientras persista la situación que la Constitución sanciona sobre el asunto.
Será siempre, además, de interés sumo para aquellos que, sin distinción de credos o de ideologías políticas o sociales, luchamos en favor de una mayor justicia e igualdad dentro de esa Constitución, admirable desde otros muchos puntos de vista, pero vetustamente estancada en cuanto establece en su articulado relaciones y prerrogativas para con una iglesia determinada.
Dos principios antagónicos luchan entre sí en el mundo desde siglos y siglos. El régimen que establece la unión de la Iglesia y el Estado ha reinado desde las autocracias antiguas, donde ambos se identificaban, hasta el predominio de la Iglesia sobre el Estado o el predominio de este último sobre aquella.
En cualquiera de estos matices o en sus intermedios, los resultados han sido funestos para las libertades del pueblo y la soberanía del poder civil, a través de la historia.
Para algunos, toda la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado se circunscribe a un asunto de dinero. Sin embargo, es necesario reconocer que el sostenimiento de una iglesia con dinero del erario público significa una injusticia y una parcialidad a toda prueba.
No se trata de cuántos millones se dedican al presupuesto del culto; sería lo mismo si sólo fuera cuestión de centavos y no de millones.
Se trata del principio de justicia e igualdad que se viola. Analicemos, por ejemplo, cinco argentinos: uno católico, otro evangélico, el tercero musulmán, un cuarto judío y, por fin, un quinto indiferente o ateo.
La Constitución les dice: todos ustedes, sin distinción, pueden “profesar libremente su culto”; pero ustedes cuatro, después de pagar los gastos de su propio culto, deben pagar los gastos del culto del católico. ¿Es esto igualdad?
El artículo 2 está en pugna con la amplitud del artículo 16 de la Constitución, que establece, con claridad, que “todos los habitantes son iguales ante la ley”.
A ese artículo de nuestra Constitución que establece el sostenimiento económico del culto católico habría que susti- tuirlo por otro que estableciera la igualdad de todas las creencias ante la ley, la absoluta prescindencia del Estado en materia religiosa. Debería prohibir, además, la celebración de concordatos o convenciones de cualquier índole con determinadas iglesias, evitando así la violación del principio de la completa laicidad del Estado y de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Mientras sigamos por este camino, habrá en la Argentina ciudadanos de primera y de segunda categoría.
* Vicepresidente de la Asociación Bautista Argentina