En democracia no debe haber feudos
La democracia argentina aún no alcanzó un desarrollo equilibrado entre sus instituciones y los factores de poder que existen en la sociedad. Son visibles las presiones que sectores económicos, gremiales y sociales ejercen sobre los tres poderes de la República, las cuales –en no pocos casos– logran torcer la voluntad de las mayorías.
En democracia no deben existir feudos de ninguna naturaleza.
Un caso visible es el que se construyó en Córdoba a través de las figuras de Mauricio Saillén y de Pascual Catrambone, quienes conducen y organizan el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), la obra social del gremio, una mutual y una fundación.
Ambos dirigentes ampliaron su influencia y su control dentro del aparato de la Municipalidad de Córdoba, de la empresa residual Crese, de firmas prestatarias y de la futura administradora de la recolección y tratamientos de residuos, Cormecor.
Su poder es visible también en las empresas Lusa y Cotreco, a cargo del servicio de recolección de la basura y preseleccionadas en un grupo de tres para una futura adjudicación de la prestación por 10 años.
Ambos dirigentes acumulan acusaciones ante la Justicia, pero las causas no han tenido la diligencia que se requiere dada la gravedad de las denuncias formuladas por personas que dicen haber sido víctimas de su accionar o por entidades que expusieron manejos cuasi delincuenciales.
El poder de Saillén y de Catrambone logró constituir un feudo político con ascendencia sobre la Municipalidad de Córdoba y sus organismos, como también un emporio económico.
Este se basa en la conformación de empresas que prestan servicios al municipio o a las compañías adjudicatarias de la recolección y el transporte de residuos.
La mutual y la fundación constituyen, a su vez, el brazo social por el cual captan la voluntad de los afiliados y sobre los cuales generan una dependencia a través de préstamos usurarios u otros servicios.
La democracia no debe permitir la constitución de un feudo político, que se extiende hoy al control de centros vecinales y que aspira a lograr posiciones más relevantes en las elecciones de 2019. Tampoco debe permitir la conformación de emporios económicos que condicionen la libre contratación de prestaciones.
Es necesario que la autoridad de la Municipalidad de Córdoba se decida a cortar los tentáculos de tales ambiciones y exija el cumplimiento estricto de la ley en las contrataciones.
Y también es imprescindible que la Justicia se decida a actuar con diligencia en las causas que pesan sobre ambos dirigentes, para evitar la continuidad de esos presuntos delitos.