La protección de los usuarios
La reciente resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que establece la prohibición de incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos puso en relieve una problemática que hace algunos años va ganado importancia, y que actualmente encuentra en disputa al gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba. Esto es, la incorporación en la liquidación de servicios de tributos que poco tienen que ver con la prestación de aquellos y sobre los cuales se calcula.
Se encuentran en juego aquí no sólo sumas millonarias, sino principalmente el derecho de los usuarios, cautivos de un sistema que no comprenden ni tienen posibilidad real de participación, pero del cual representan el sostén económico. Por ello, debemos pensar, antes que en financiamiento, en sus derechos.
¿Derecho a la información? Nuestra Constitución establece el derecho de los usuarios de servicios públicos a una información adecuada y veraz, a la protección de sus intereses económicos y a la libertad de elección (artículo 42).
Todo usuario tiene derecho de conocer lo que paga por el servicio que utiliza. Entonces, todo aquello que no tenga que ver con el consumo o con la prestación del servicio en sí, contribuye a hacer más difícil la comprensión de lo que se abona, lo que nuestra Corte Suprema, en el reciente fallo Cepis, ha denominado como “opacidad tarifaria” u “oscura complejidad tarifaria”.
Así, un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Servicios Públicos que forma parte del Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba determinó una alarmante cifra: más del 50 por ciento de los cordobeses no está en condiciones de interpretar su liquidación de servicios públicos. Asimismo, en promedio el 53 por ciento de los cordobeses sólo mira el monto total a pagar de su factura. Es decir que cinco de cada 10 cordobeses no entienden lo que se les cobra, pero igual lo pagan.
Existen medios normales para percibir tributos (ejemplo: cedulones de pago) y ante la falta de pago, el Estado puede concurrir ante la Justicia por vía de un proceso idóneo; en Córdoba, el juicio ejecutivo fiscal.
Entonces, incluir un tributo y/o tasa en la factura de servicios constituye sin duda un medio anormal y extraordinario de cobro, que si bien genera liquidez y una recaudación inmediata, ante la mora podría constituir una especie de sanción no contemplada legalmente, como lo es el riesgo de corte de suministro. Es decir, el usuario paga un tributo por temor a que le corten un servicio.
¿Libertad de elección?
La libertad debe partir de la base de que el usuario pueda saber y conocer qué se le cobra por el servicio que utiliza, y a partir de ello, tomar decisiones respecto del uso racional del servicio, el consumo y el ahorro (permanentemente implorado por el Estado), como así también la posibilidad de establecer, puertas adentro, cuál es la prioridad de pagos, en pos de proteger la cada vez más frágil, economía de su hogar.
Prudencia
Finalmente, antes de decidir utilizar este mecanismo de financiación se requiere máxima prudencia, pues es posible que se vulneren derechos. Por mandato constitucional, el Estado es el que debe garantizar la protección de usuarios respecto de todo tipo de conductas, prácticas y situaciones que los afecten, sea por parte de las empresas prestatarias, y más aún cuando pueda tratarse del mismo Estado.
No se debe olvidar que respetar y hacer respetar los derechos de los usuarios, además de legitimar a quien está administrando, se encuentra estrechamente vinculado con nuestro sistema republicano de gobierno.
EL 50% NO ESTÁ EN CONDICIONES DE INTERPRETAR SU LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
POR MANDATO CONSTITUCIONAL, EL ESTADO ES EL QUE DEBE PROTEGER A LOS USUARIOS.
*Abogado