Transparentar la gestión pública
obligación que atañe a los gobernantes de rendir cuentas sobre el destino que dan a los dineros que recaudan por las tasas que pagan los contribuyentes, o por partidas coparticipables o de otros rubros que bajan desde las órbitas provincial y nacional.
Pero la renuencia parecen extenderse: una ínfima cantidad de las 427 ciudades, localidades y comunas de la provincia cumplió con la remisión de información acerca del estado de sus cuentas, en conformidad con lo que exige el Consenso Fiscal que, en noviembre de 2017, firmaron la Nación y las provincias (excepto San Luis).
Si bien la idea del poder central tiene como fin transparentar la dimensión del gasto público en todo el país, la iniciativa apunta, además, a que tanto los gobiernos provinciales como los de gestión local rindan cuentas de los impuestos que les facturan a los vecinos, y del uso y destino que reservan a esos y a otros fondos.
Es verdad también que el plan en ciernes viene contaminado de intereses políticos y de pujas constantes, que se traducen en el planteo al gobernador Juan Schiaretti por parte de intendentes opositores, quienes levantan sus quejas por el retaceo que haría la Provincia de remesas coparticipables.
Se trata de crispaciones que habrá que resolver en un clima de diálogo y de sinceramientos. Pero la responsabilidad fiscal exigida tiene otros objetivos más concretos, que en general coinciden con la recurrente demanda social para que los gobernantes den previsibilidad y transparencia al manejo de los dineros públicos.
Más allá de las fricciones con tufillo electoralista y del consiguiente apego al Consenso Fiscal, será pertinente, además, que las autoridades nacionales y provinciales no abandonen a su suerte a muchos pueblos chicos que sobreviven asfixiados por un contexto de retracción económica que golpea a los grupos más vulnerables.
Resulta auspicioso fijar como meta la transparencia de la gestión pública en todos sus niveles, así como poner bajo control los desvíos y las maniobras deshonestas que suelen exponer resonantes casos de corrupción administrativa.
Sin embargo, por encima de cualquier agenda política habrá que ponderar al ciudadano que paga impuestos cada vez más caros por prestaciones de dudosa calidad.