Consensos sobre las tarifas
La energía es hoy el principal insumo para la organización de la vida en sociedad. Sin ese recurso, incluso no es posible transportar, potabilizar y distribuir el agua, un elemento insustituible para el cuerpo humano.
La vida moderna se ha organizado –en lo relativo al trabajo, a la producción y a las relaciones humanas– a partir del uso de la electricidad, del gas y de los combustibles líquidos.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con amplios reservorios de esos recursos, amplificados a partir de la existencia de petróleo y de gas en la roca madre, cuyos principales centros de extracción se construyen en Vaca Muerta.
El país tiene recursos, pero carece de consensos mínimos entre los principales partidos políticos sobre cómo explotarlos, bajar su incidencia en los presupuestos de familias y empresas, y exportarlos a países necesitados de energía.
La mejor demostración de este axioma es la disputa planteada en torno del fuerte aumento resuelto por el Gobierno nacional sobre la electricidad y sobre el gas natural, que asfixió la economía de miles de usuarios.
La sociedad no sólo asistió a una demostración de la incapacidad de la política de alcanzar acuerdos mínimos en el Congreso, sino que fue testigo también de la insensibilidad oficial para detectar la incidencia del tema en el cuerpo social, del populismo exhibido por la oposición kirchnerista y de cierta ingenuidad en las propuestas de referentes que aspiran a llegar a la Presidencia en 2019.
Horas antes de que el presidente Mauricio Macri y los líderes del radicalismo y de la Coalición Cívica alcanzaran un acuerdo mínimo para “aplanar” los precios de la electricidad y del gas en los meses de invierno, referentes del Gobierno habían sostenido a rajatabla el sendero de aumentos propuesto por el Ministerio de Energía.
En su desenfreno verbal, defendieron los aumentos en comparación con la situación incomparable de países vecinos y por las ventas de automóviles y motos y de viajes al exterior. La endeblez de tales argumentaciones es llamativa.
El kirchnerismo, que dilapidó el autoabastecimiento en petróleo y gas logrado en la década de 1990, proponía retrotraer las tarifas al 1 de enero de 2017, con lo cual el déficit público se hubiera incrementado, la inflación se hubiese disparado otro escalón y el desaliento para nuevas inversiones sería notable. Una receta que ya se probó con malos resultados. Venezuela es el peor espejo de esa política. Grupos de la oposición peronista no pudieron bosquejar alternativas superadoras.
Argentina necesita un consenso mínimo sobre la necesidad de recuperar el autoabastecimiento energético y establecer precios tolerables para la mayor parte de las familias y de la actividad económica.