Epec: volver a lo manejable o huir a lo desconocido
El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos de Luz y Fuerza comenzará a desandar hoy otra etapa. Todo comenzó dos semanas atrás, cuando el directorio de Epec planteó su objetivo de rediscutir seis puntos del convenio colectivo de trabajo que administra esa relación desde 1975.
Si las partes logran al fin sentarse a la mesa de negociaciones convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, para lo cual se debe superar una traba burocrática que pasa por la representación del gremio de Río Cuarto, al menos dos nuevos escenarios podrían dar paso un desarrollo por ahora incierto de esa discusión con múltiples aristas e intereses.
El primer escenario es que el ámbito de la cartera laboral cordobesa quede definitivamente confirmado como el que corresponde para replantear aspectos del convenio a los que le apunta la conducción de la empresa con el total respaldo del gobernador Juan Schiaretti.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba cuestiona de manera férrea que el Ministerio a cargo de Omar Sereno tenga potestad para tratar el diferendo, pese a que esa cartera se declaró competente en la materia.
Hay un poco de asesoramiento legal y otro poco de estrategia política en esa postura gremial.
Herencia setentista Sostener la discusión por la competencia, con varias bibliotecas sobre la mesa, podría dilatar la discusión sine die, entienden en el entorno de Gabriel Suárez. Tanto, interpretan, que podría llegar el final del mandato de Schiaretti sin que se haya resuelto la cuestión.
Días atrás, el laboralista Jorge Sappia aseguró no tener dudas de que el ámbito legal es el ministerio que condujo durante una década, por la sencilla razón de que cuando fue discutido el convenio 165/75, la Nación le había delegado esas facultades a la Provincia.
Antes de ser homologado por la Nación, el convenio fue aprobado por un decreto del entonces interventor federal de la provincia, el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, recordó.
El mismo Luz y Fuerza sostuvo en su momento que cuando Lacabanne estampó su firma en ese documento que defiende a capa y espada, ya todo había sido previamente conversado (discutido es otra cosa) y aprobado con el gobernador constitucional y justicialista Ricardo Obregón Cano.
Desde ese punto de vista, el ámbito provincial para la negociación estaría claro, como dice Sappia.
Ahora bien, y aquí aparece el segundo escenario, algunas voces sindicales comenzaron a deslizar la inconveniencia de que termine siendo el fuero nacional la cancha del partido.
“Es un riesgo alto ir a Buenos Aires, a la luz de los criterios que maneja el Gobierno nacional en materia sindical y la definición tajante de que se deben bajar los costos, como dice Macri”, apuntó un dirigente con varios años de trajinar la militancia gremial.
¿Remedio o enfermedad?
El principal temor es que en lugar de seis puntos del convenio que no afectan en nada la estructura salarial individual de los empleados, la cartera nacional termine imponiendo una discusión más amplia sobre otros aspectos de ese acuerdo. “Pueden ir con seis y terminar discutiendo los 90”, advirtió este referente.
En una mesa netamente “cordobesa”, es probable que los gremios deban intensificar sus esfuerzos para justificar beneficios que a la vista de la sociedad resultan irritantes, como la energía gratis o altamente subsidiada para activos y jubilados.
Pero también los gremios podrían colar planteos como los que ventilaron en los últimos días, referidos a los gastos de la planta gerencial que, de paso, está duplicada porque vinieron nuevos gerentes pero los que estaban siguen cobrando como tales.
También, contratos onerosos, consultorías innecesarias, alquileres inapropiados o simplemente información que no está clara.
Por ejemplo, salvo en el más alto nivel, nadie conoce con precisión meticulosa cuál es el monto millonario que Epec paga por el contrato de mantenimiento de la nueva central Bicentenario.
El polvo dejó huellas Sería, asimismo, un logro sindical si sus negociadores vuelven a llevar la discusión a las cuatro paredes donde se venían tratando estos temas en el sexto piso de Epec. Esa negociación, en el consejo de la empresa, funcionaba hasta que a algún activista se le ocurrió desparramar polvo de matafuegos en pleno encuentro.
Dicen testigos que cuando Schiaretti se enteró del episodio dispuso ir con todo, acelerar la denuncia del convenio y activar la ley de servicios esenciales. El gremio cordobés respondió convocando al cuerpo general de delegados un domingo, dato que marca el nivel de irritación que produjo la contienda.
Volver de ese territorio hostil es sin dudas el principal desafío de la negociación. La sociedad debería anhelar que no sea demasiado tarde.