El esfuerzo que Juan Manuel le pide también al Estado
“La verdad es que son todos unos angurrientos. Nos piden que ahorremos, nos piden que paguemos el precio que vale la energía, nos dicen que nada es gratis, pero ahí los tenés: todos adentro de su quintita, dispuestos a cobrar cada vez más sin renunciar a nada”. El que se queja es Juan Manuel. Se refiere a los impuestos y a las tasas que gravan en Argentina el consumo de energía y que, de la mano del fuerte aumento de tarifas, crecen tanto como el aumento en sí.
Para hacer lo primero, el Ministerio de Energía tiene que organizar audiencias públicas, cumplir con los pasos legales al respecto y pagar el enorme costo político por aumentos superiores al mil por ciento.
La semana pasada, incluso, tuvo que ceder ante la rebelión de sus propios socios de Cambiemos.
Paralelamente, además del impopular aumento, el Gobierno asume el costo de no poder dominar la inflación, porque la suba de tarifas le pega directo al corazón de los precios.
Sin embargo, los gobernadores, los intendentes y el propio Gobierno nacional miran desde afuera, quietitos, cómo su porción de recaudación aumenta al compás de los tarifazos: es un porcentaje fijo de la torta, pero de una torta cada vez más grande.
La Nación grava con un IVA del 21 por ciento; las provincias, con una alícuota de Ingresos Brutos que este año (fruto del Consenso Fiscal) no puede superar el cinco por ciento, y los municipios, con una tasa que va del 10 al 20 por ciento.
La Nación no informa cuánto del IVA que recauda corresponde al 21 por ciento que muerde de las facturas de electricidad, de agua y de gas que consumen los argentinos, el comercio y la industria.
Poco de eso se abordó en profundidad ayer en el marco de la reunión del Consejo Federal de Energía. Todo es cascada: las provincias –Córdoba, por caso– les piden a las intendencias que renuncien a sus tasas, y la Nación les pide a ambas jurisdicciones que bajen la presión impositiva. Nadie se mira el pupo.
Este año, Córdoba bajó el peso de Ingresos Brutos que cobraba al transporte de gas y de energía del 6,61 por ciento al cinco por ciento, por efecto del Consenso Fiscal. Eso le implicó recaudar 129,75 millones de pesos. Para 2019, tiene que bajar al cuatro; en 2020, al 2,5; en 2021, al 1,25, y a cero en 2022. Bien podrían convenir acelerar ese cronograma.
Para Córdoba, una reducción a cero costaría casi los 500 millones que acaba de anunciar para financiar obras de gas a los municipios que bajen la tasa a ese combustible.
Pero no. Es más: gobernadores como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gustavo Valdés (Corrientes) renegaron públicamente del pedido de la Nación de compartir por mitades el costo de volver a noviembre de 2017 los precios que se aplican a los beneficiarios de la tarifa social. La Nación pretende transmitir una señal: todos los que quieran posponer el ajuste deben asumir el costo de hacerlo.
La rebaja de María Eugenia Vidal tiene el mérito de aceptar que las provincias también tienen su cuota de responsabilidad. Pero, ojo, no avanza con la rebaja de Ingresos Brutos, que en ese distrito es del 3,5 por ciento.
Da de baja dos decretos que gravaban los consumos de energía: uno del 10 por ciento (ley 7.290) para el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico destinado a financiar la expansión del servicio, y otro del 5,5 por ciento (ley 9.038) para grandes obras.
Lo curioso es que esos dos ítems estaban suspendidos desde 2016, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor
UNA REDUCCIÓN A CERO DE INGRESOS BRUTOS EN EL GAS LE COSTARÍA A LA PROVINCIA CERCA DE 500MILLONESDE PESOS.
de su restitución. Los empezó a cobrar en enero pasado, con el consenso firmado.
Lo cierto es que hoy la mochila tributaria representa un tercio de cada boleta y, en plata, es cada vez más cara. Al usuario se le pide que no derroche, que se acostumbre a pagar lo que vale producirla y que asuma que no tendrá más subsidios. Y los estados, poco y nada.