Una carga extra injustificada
La sociedad se ha sumergido en un acalorado debate sobre el aumento en las tarifas de electricidad y gas natural, después de que el Gobierno nacional dispusiera la eliminación de subsidios.
Las críticas no alcanzan sólo a la administración central, sino también a las gobernaciones e intendencias por los impuestos que imponen sobre servicios esenciales.
Los especialistas han puesto también bajo la lupa a las empresas generadoras y distribuidoras, por supuestos abusos en la aplicación de los incrementos autorizados por el presidente Mauricio Macri.
La primera conclusión es que, luego de años de despilfarro, los usuarios comienzan a comprender que la energía –el principal elemento organizador de la vida en sociedad– tiene un alto valor en todo el mundo. La Argentina cuenta con abundantes recursos hidroeléctricos y en petróleo y gas. El consumo sin límites y a valores subsidiados durante el kirchnerismo dilapidó el autoabastecimiento logrado en la década de 1990.
Es imprescindible recuperar la producción de petróleo, que cayó en los dos años anteriores, y la de gas, que empezó a reactivarse por la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.
El precio aparece ahora como un limitante para el uso de la energía. El valor no sólo está relacionado con el costo de producción, sino también con una sobrecarga de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Las autoridades de distinto orden se reprochan mutuamente esos adicionales que encarecen el servicio de energía.
Macri pidió el esfuerzo de provincias y municipios para que eliminen los tributos que cobran sobre este insumo básico y asuman parte del costo de la tarifa social, que beneficia a uno de cada cuatro hogares.
El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar de las facturas toda carga impositiva extra que no sea el costo estricto del servicio. Pero omitió consignar que más de la mitad de la presión tributaria sobre la energía es por la aplicación del IVA del 21 por ciento. El gobernador Juan Schiaretti reclamó reducir esta carga.
Las provincias, a su vez, aplican Ingresos Brutos sobre tales prestaciones, además de las cargas municipales. Parte de esos tributos serán eliminados por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se beneficiaron con mayores ingresos en función del Compromiso Fiscal firmado a fines de 2017.
La Municipalidad de Córdoba cobra una tasa de 10 por ciento sobre el precio de la electricidad y del ocho por ciento sobre el del gas natural. El intendente Ramón Mestre aduce que no las eliminará mientras no se modifique la coparticipación de impuestos que efectúa la Provincia.
Las distintas administraciones deben comprender que el ajuste en las tarifas lo paga el sector privado, en el contexto de una crisis social aún no resuelta en forma definitiva.
Los gobiernos tendrán que compensar esos esfuerzos con un avance en el recorte de estructuras burocráticas y en la eficiencia de las gestiones, para evitar mayores angustias sobre amplias capas sociales.