La oposición logró el cuórum, pero no pudo frenar el “tarifazo”
De manera sorpresiva, el oficialismo en Diputados suspendió y postergó para dentro de 15 días la sesión ordinaria que estaba prevista para ayer a continuación de la especial que, finalmente, la oposición logró concretar sobre los recientes aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
La decisión de postergar la sesión ordinaria surgió de una reunión que minutos antes habían tenido el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y el jefe del interbloque Cambiemos, el radical cordobés Mario Negri, en el despacho de este.
Allí repararon, quizás a partir de alguna infidencia filtrada desde la oposición, que la mayoría que el peronismo (massistas de UNA, Argentina Federal del grueso de los gobernadores, y kirchneristas del FPV), los progresistas y la izquierda habían logrado conformar para la especial, podía llegar a mantenerse en la ordinaria; y el riesgo, entonces, sería mayor para el Gobierno y en especial para el Presidente: “voltearle” el megadecreto que Mauricio Macri firmó en enero pasado, con el Legislativo en receso.
Habría sido un golpe político al Gobierno, aunque no definitivo porque aún le habría faltado el paso por el Senado.
Las más de cinco horas de sesión especial, que comenzó cuando el oficialismo se apuró a bajar al recinto cuando el cuórum ya lo tenía garantizado la oposición, se dedicaron a tratar 29 proyectos referidos a congelar o rebajar las tarifas.
Por acuerdo entre los presidentes de bloques y Monzó, se estableció que cada proyecto fuera defendido por quien lo presentó, a razón de cinco minutos cada uno, para pasar uno por uno a una votación nominal.
Esta resultó ilustrativa de la correlación de fuerzas: en casi todos los casos los votos a favor de debatirlo en el recinto rondaron los 125-130, aunque debajo de los dos tercios requeridos para abrir su tratamiento y eventual aprobación.
En esas horas de debate, la jefa de los diputados massistas, Graciela Camaño, criticó la política oficial de “tirar la pelota afuera” y beneficiar “las grandes rentabilidades empresarias”, y arremetió contra Macri al afirmar que debe ser “el principal garante de la gobernabilidad y no de forzar el estrépito social”.
Su par de Argentina Federal, Pablo Kosiner, sostuvo que “debemos volver a anclar la discusión en el tema central, que es el aumento de tarifas”, tras cuestionar al Gobierno que, “con la peor decisión centralista”, busca cargar en gobiernos provinciales y municipales la responsabilidad de morigerar el tarifazo resignando sus impuestos y desfinanciándolos. “El Gobierno no habla sin embargo de la rebaja de los impuestos nacionales a las tarifas como el IVA”, afirmó.
“Los argentinos no pueden pagar más estas tarifas. Un ajuste que pagan los sectores populares, la clase media baja y la clase media”, sumó Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV-PJ
Un picante cruce se produjo entre Negri y el kirchnerista Axel Kicillof. El exministro de Economía de Cristina Fernández afirmó que “el Gobierno miente cuando dice que este tarifazo es imprescindible”. Y que también “mintió cuando dijo que es producto de una crisis energética que heredó, cuando ahora se produce menos petróleo, se importa más combustible y hay menos inversiones”.
La respuesta llegó de parte del cordobés Negri quien hizo centro en el rol del empresario K Cristóbal López. “Ojo, muchachos, no vengan a discutir por izquierda acá, cuando metieron debajo de la cama a uno de los empresarios del combustible que más estafó al Estado mientras quien era ministro de Economía miraba para el costado. ¡Un empresario que se llevó 8.000 palos del bolsillo de la gente y ese ministro, hoy colega nuestro, ni se mosqueó en exigirle un peso!”, le enrostró.
Los 18 diputados cordobeses tuvieron asistencia perfecta, a diferencia del miércoles pasado.
Los diputados Martín Llaryora y Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal, integrantes de Argentina Federal, pusieron el acento en la necesidad de lograr una “equidad tarifaria federal”, en referencia a que las provincias terminan por subsidiar a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, generando “ciudadanos clase A y clase B”.