Anticorrupción: habrá sesión especial durante mayo
La Legislatura convirtió en ley ayer el proyecto para que se concursen los ingresos a los entes descentralizados del Estado Provincial.
Esta iniciativa fue enviada hace dos semanas por el Ejecutivo en medio de la controversia por la avanzada que lleva adelante la empresa estatal Epec por el convenio colectivo de trabajo de los gremios de Luz y Fuerza.
La ley establece que, de ahora en más, es obligatorio la realización de concursos públicos para aquellos agentes que ingresen como “personal para la prestación de servicios en carácter permanente”, ya sea a la administración pública como a cualquier organismo dependiente o controlado por el Estado provincial, entre ellos Epec.
“Consideramos que no existe otro mecanismo mejor para garantizar la idoneidad, igualdad de oportunidades, y la excelencia del servicio público”, dijo Marcos Farina, quien fue el informante del proyecto por el oficialismo.
El legislador del PJ reivindicó, además, que “el ingreso por concurso revalorizará la imagen que la comunidad tiene del empleado público”.
La norma fue apoyada, incluso, por el legislador José Pihen, quien además es secretario general de la CGT Regional Córdoba, y a pesar de que la oposición consideró de “inoportuna” la iniciativa, por llegar en un momento de conflicto por el CCT de Luz y Fuerza. Ese convenio contempla la modalidad de “bolsa de trabajo” gremial como uno de los sistemas para el ingreso a la empresa.
“Lo que vamos a votar hoy es lo que tantas veces se ha reclamado desde estas bancas, de que todo el mundo en el estado entrara por concurso”, celebró Carlos Gutiérrez, presidente del bloque de Unión por Córdoba (UPC).
Sin embargo, retrucó los embates de Cambiemos: “Hoy, resulta que cuando damos ese paso, sí estamos de acuerdo en términos generales, pero algún ideólogo que nunca falta plantea: sí, pero no o plantea ni”.
Despachos
La norma contó con el apoyo de Aprobaron la Comisión Técnica de Garantías.
Con el voto de la mayoría de UPC (Pihen e Ilda Bustos votaron en contra) y el apoyo de Cambiemos, se aprobó ayer el pliego con los cinco nombres que conformarán la comisión que evaluará qué servicios se deben prestar ante un conflicto laboral. Hubo objeciones a Guillermo Maisuls, por sus funciones en gobierno en la dictadura. todo el bloque de Unión por Córdoba y del interbloque de Cambiemos, aunque desde esa espacio algunos lo hicieron a regañadientes y, finalmente, votaron divididos. Lo que ocurrió es que desde ese interbloque habían comprometido su apoyo, pero pidieron incluir algunos cambios que finalmente no fueron aceptados por UPC.
Quien impulsó los retoques fue Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico, con la idea de que los concursos públicos fueran “abiertos” y que se incluyera un censo para conocer la cantidad de empleados en la administración provincial.
Finalmente, Cambiemos presentó un despacho en minoría, pero el radicalismo terminó votando el proyecto oficialista, tal como había adelantado Orlando Arduh, jefe de la bancada de la UCR. En el Frente Cívico no levantaron la mano.
El kirchnerismo se mostró en contra de los concursos. Del bloque Córdoba Podemos intervinieron todos los legisladores para expresar la negativa.
“Hay algunas reivindicaciones que no se entregan”, le reclamó Martín Fresneda, jefe de bloque, a los peronistas de UPC.
Vilma Chiapello, del mismo bloque, también fue contundente: “nunca pensé presenciar una sesión donde los peronistas voten en contra de los trabajadores ”.
La discusión sobre el futuro del cuestionado fuero Penal Económico Anticorrupción tendrá un nuevo capítulo durante el mes de mayo en la Legislatura provincial.
Después de ser acordado ayer en Labor Parlamentaria, habrá un debate en una sesión especial que, en principio, quedó fijada para el 16 de mayo próximo.
Esa reunión extraordinaria debió ser habilitada por el oficialismo ya que los opositores, con el impulso del legislador Aurelio García Elorrio, presentaron una nota al presidente provisorio, Oscar González, solicitando una sesión extra para tratar temas vinculados al fuero Anticorrupción, el área de la Justicia provincial encargada de la investigación de las denuncias contra los funcionarios del poder político de Córdoba.
El escrito opositor, como informó hace unas semanas La Voz, recibió el aval de 28 legisladores no oficialistas.
La movida política tiene como objetivo reinstalar en la agenda el rol de ese fuero, cuestionado por hacer lo contrario al objetivo por el que fue creado en 2004 por el gobernador José Manuel de la Sota.
Más allá de la habilitación de la sesión especial, desde el oficialismo fueron claros respecto de la postura que tomarán en esa sesión especial.
“De ninguna manera se derogará ese día el fuero Anticorrupción”, afirmó González a este diario. “Ese día, a pedido de la oposición, se llevará adelante una sesión especial, pero la oposición no tiene los votos para derogar ni modificar ese fuero”, ahondó el titular de la Unicameral.
En cambio, González reafirmó la postura del Gobierno provincial al respecto: “El futuro de ese fuero se resolverá en el marco de la reforma judicial que lleva adelante el Ejecutivo”.