La Reforma, política de Estado
que les tocaba ingresar y quienes no habían podido estudiar durante la dictadura, la matrícula creció exponencialmente. Durante su presidencia se restablecieron la autonomía, autarquía presupuestaria y libertad de cátedra, se anularon las designaciones de la dictadura y se impugnaron concursos viciados por discriminaciones políticas; se reincorporaron los docentes cesanteados, se reconoció el gobierno tripartito y los centros estudiantiles, entre otras cosas.
Las políticas peronistas neoliberales de los ’90 introdujeron en las universidades nacionales el lucro, la mercantilización, el arancelamiento y la venta de servicios a empresas privadas.
La Ley de Educación Superior, sancionada a cambio de la adjudicación de un crédito de 165 millones de dólares del Banco Mundial, habilitó que las universidades con más de 50 mil estudiantes pudieran resolver discrecionalmente el régimen de admisión, jaqueando así el ingreso irrestricto. La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que buscaba fijar estándares sobre la calidad de las instituciones, terminó siendo un mecanismo de regulación estatal de la autonomía universitaria.
Desde 2003, en los sucesivos mandatos, no se podía dejar de revertir esa situación, pasando la educación universitaria tras la reforma de la Ley de Educación Superior a ser conceptualizada como un derecho y no como un servicio, como lo había sido durante la presidencia del peronismo neoliberal; se prohibió la imposición de tarifas y se responsabilizó al Estado por la provisión de financiamiento, supervisión y fiscalización de las altas casas de estudio público-estatales, a la vez que se crearon 15 universidades nacionales.
A fin de afianzar los ideales de la Reforma de 1918, los actuales administradores tienen varias tareas, como la de reordenar el sistema universitario, dirigirse a matricular a toda la población juvenil en estudios superiores, combatir la deserción, asegurar la calidad de los estudios dentro de la masividad, reorientar vocaciones hacia las carreras que requiere el desarrollo productivo y tecnológico del país.
* Ph-D en Educación. Abogada, UNC