Aumentaron 260% en un año las alertas por pornografía infantil en el país
guntar un periodista porteño a propósito del caso Salling, y fue denostado por las redes sociales. El consumo promueve la industria del abuso infantil.
Así lo explica Daniela Dupuy, integrante del grupo de especialistas en cibercrimen que impulsó el cambio en la legislación nacional que empieza regir estos días.
“La demanda genera la oferta, lleva a producir más material, lo que implica abusar sexualmente de niños menores de edad. Afecta a terceros, perjudica a los menores de edad, porque para que exista material de pornografía infantil, alguien tiene que seguir abusando de los niños”, remarcó a La Voz.
Dupuy, fiscal especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recalcó: “Lo nocivo es que esto perpetúa en el tiempo la lesión al bien jurídico de los menores. No solamente se los ha abusado, filmado, sino que esa producción es distribuida infinitas veces”.
Con la modificación del artículo
128, también aumenta, de cuatro a seis años, el máximo de la pena para quien “produce, financia, ofrece, comercia, publica, facilita, divulga o distribuye, por cualquier medio”, pornografía infantil.
En todos los casos, las penas se elevan, desde ahora, un tercio más si la víctima es un menor de
13años.
SEGÚN UN REGISTRO INTERNACIONAL, EN ARGENTINA SE DETECTARON 8.800 ALERTAS EN 2016, Y SUBIERON A 23 MIL EN 2017.
Para las investigaciones de pornografía infantil y de grooming (acoso por internet) en Argentina, es clave la información que brinda la organización Nacional Center for Missing and exploited children (NCMEC).
En Estados Unidos, existe una ley federal que obliga a todas las empresas prestadoras de servicios de internet a avisar a NCMEC cuando los clientes reciben material pornográfico en el que hay menores involucrados. Por un convenio, la ONG hace llegar los casos originados en la Argentina al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ), quien luego los deriva al distrito judicial correspondiente.
“Ni bien detectan en NCMEC en qué país hubo un incidente, nos mandan el reporte. Tenemos la Red 24/7, conformada por todas las fiscalías del país, por lo que cada posible caso es remitido inmediatamente a través de un sistema cerrado informático”, explicó Dupuy.
La fiscal, que fue la primera especializada en la temática, reveló que la cantidad de alertas ha aumentado significativamente en nuestro país. Se pasó de 8.800 (registradas en 2016) a 23 mil incidentes de pornografía infantil (posesión, manufactura o distribución) advertidos en 2017. Esto implica una suba del 260 por ciento en sólo un año en la cantidad de casos para investigar.
En Córdoba, hay varias causas iniciadas, algunas con imputados y otras ya con condenas.