Cristóbal López y su socio en Indalo volvieron a prisión
BUENOS AIRES. Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, se entregaron anoche en el edificio Centinela, de la Gendarmería nacional, confirmaron fuentes judiciales.
Lo hicieron en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires”, de Gendarmería nacional, luego de que sus abogados acordaron las condiciones de la entrega con la Justicia, y tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó la detención inmediata de ambos empresarios.
Se dispuso también que Cristóbal López y Fabián de Sousa sean alojados en los penales en los que cumplían la detención antes de ser liberados en marzo.
De modo que Cristóbal López regresará al penal de Ezeiza y De Sousa, su socio, al de Marcos Paz.
La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado la detención inmediata de López y de De Sousa, en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la Afip 8.000 millones de pesos que habían recaudado con el impuesto a la transferencia de combustibles.
La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras la camarista Ana Figueroa votó en disidencia.
El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado había dispuesto la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que fueron detenidos.
En un fallo de 148 páginas, los jueces de Casación dispusieron que los empresarios y el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, vuelvan a ser investigados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de recursos”.
La detención de los dueños del Grupo Indalo, que tiene entre sus insignias a la empresa Oil Combustibles y al canal C5N, es instrumentada por el juez federal Julián Ercolini, quien lleva la causa por el no pago del impuesto a las transferencias de combustible.
Además, volvió a elevar los montos de los embargos que pesan sobre los tres imputados a más de 17 mil millones de pesos, dado que la Cámara Federal los había disminuido a nueve mil millones para cada caso.