Un nuevo diagnóstico desalentador
vulnerabilidad para los presos. Ello se desprende de un nuevo informe de la ONU elaborado luego de una ronda de inspecciones en varios institutos carcelarios.
Si bien se trata de un monitoreo preliminar que se oficiará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su próximo período ordinario de sesiones, las conclusiones iniciales deben poner en alerta a los tres poderes del Estado.
En el capítulo reservado a las cárceles de la provincia de Córdoba, se enumera que personas alojadas en el presidio de Cruz del Eje, al norte de la provincia, denunciaron haber sido “golpeadas duramente mientras se encontraban encadenadas a las camas de metal durante varios días, o que habían sido colocadas en posiciones de estrés dentro de celdas de aislamiento por períodos prolongados”.
Como informamos en la edición del pasado miércoles, estas y otras circunstancias de crueldad contra los internos figuran en el trabajo que elaboró el relator especial de la ONU Nils Melzer en una visita al país.
Los testimonios coinciden con los que el funcionario escuchó de boca de detenidos en la cárcel de Bouwer, donde se reiteran episodios inhumanos de encadenamientos por períodos que oscilan entre varias horas y tres días. Además, se verificaron casos de encierros “opresivos” en el Complejo Esperanza, donde se aloja a menores de edad en conflicto con la ley.
Se trata de realidades intolerables, que desde hace tiempo son motivo de quejas y denuncias y que forman parte de un extendido régimen represivo que muchas veces lacera la dignidad de las personas privadas de su libertad.
Antiguos problemas irresueltos que, incluso, causaron la muerte de personas por una inexistente o deficiente atención sanitaria en los presidios siempre superpoblados y, en muchos casos, en condiciones edilicias deplorables.
El Servicio Penitenciario de Córdoba niega que las cárceles adolezcan de las condiciones para el tratamiento penal de los internos. Pero la ONU ofrece un diagnóstico dispar, que sería prudente revisar y acatar, en bien de poner en valor políticas tendientes a respetar la integridad de los penados.