Pierden todos, menos el sindicato
El lunes pasado, el Ejecutivo municipal de la ciudad de Córdoba rechazó mediante un decreto la intención de VegaCaputo de impugnar el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos sin disponer de la garantía que establece el pliego.
El pasado 26 de marzo, ese consorcio presentó un amparo ante la Justicia federal para poder presentar impugnaciones sin disponer de los 10 millones de pesos de garantía que buscan evitar maniobras dilatorias. Se hizo lugar de manera parcial, y el municipio interpretó que ese amparo no exime de constituir garantía.
Transporte Olivos-Cotreco también hizo reserva de acudir a la Justicia, lo que motivó a la Secretaría de Servicios Públicos a buscar un plan B: el ente municipal Esop, que oficia de advertencia a los oferentes para que no compliquen el proceso en la Justicia.
Si bien el ente podría hacerse cargo, y de esa manera el servicio no pagaría IVA y otros impuestos, se debería realizar una fuerte inversión en equipamiento. Y el sindicato de recolectores Surrbac sería el gran beneficiado, tanto que ya vienen pugnando para que el Esop se haga cargo de la recolección, sumando más empleados.
El gremio encabezado por Mauricio Saillén sabe que las empresas estatales son terreno fértil para acrecentar su poder. Pasó con la municipal Crese, gracias a acuerdos políticos que fueron alcanzando con los directores que tuvo la empresa. Y también logró ser accionista de la firma que creó el intendente Ramón Mestre para la disposición final: Cormecor.