Moyano, investigado por lavado de dinero
La Justicia resolvió prohibirle la salida del país a Jorge “Corcho” Rodríguez, tal como lo solicitó la Oficina Anticorrupción (OA) con un escrito en el que afirmó que el empresario fue una pieza clave para instrumentar el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios argentinos.
El juez federal Sergio Torres, quien se encuentra subrogando a Sebastián Casanello, actuó sobre Rodríguez y dispuso la misma medida sobre otros dos imputados en la causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en la construcción de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en Tigre, y de la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui.
El magistrado avaló el pedido de la OA, que conduce Laura Alonso, con el objetivo de “neutralizar riesgos de fuga”, y en su resolución planteó: “Parece procedente la petición formulada por la Oficina Anticorrupción, respecto de la prohibición de salir del país de Jorge Ernesto Rodríguez, Marco Samuel y Osvaldo Gandini”.
El juez Torres dio a conocer su decisión apenas un par de horas después de recibir el extenso escrito de la Oficina Anticorrupción, en el que se vinculó a Rodríguez con un “complejo entramado de pagos de sobornos a funcionarios públicos”.
“A partir del año 2011 este oscuro entramado tuvo a Jorge Ernesto Rodríguez, y a personas de su entorno, como intermediarios de los sobornos”, denuncia el texto.
La OA también pidió que se le tome declaración indagatoria a Rodríguez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su entonces segundo Roberto Baratta, al exsecretario de Obras Públicas José López y al extitular de Aysa Carlos Ben, entre otros.
La pista uruguaya
El revés contra Rodríguez se produjo a raíz de la información que la Oficina Anticorrupción recibió desde Uruguay.
Los recientes datos indicarían que Odebrecht pagó coimas mediante transferencias de empresas offshore a la firma uruguaya Sabrimol Trading, que se cree que pertenecía al empresario argentino.
“La sociedad Sabrimol Trading habría sido utilizada como una intermediaria para el pago de sobornos a funcionarios públicos”, remarcó la OA en su presentación ante la Justicia federal.
Entre abril de 2012 y septiembre de 2014, la firma radicada en Montevideo recibió de bancos que operan en Panamá transferencias por 10.210.373,84 dólares y 684.283,5 euros.
Al respecto, Carlos Dentone, exadministrador de los bienes de Rodríguez en el país vecino, aseguró que Sabrimol Trading era realmente del empresario argentino y que le consta que hubo negociaciones La Oficina Anticorrupción (OA) detectó vínculos de Jorge Rodríguez con cambistas de la firma brasileña Odebrecht y transferencias a sus contadores en Uruguay por más de 11 millones de dólares. Rodríguez habría actuado –siempre de acuerdo a lo señalado por la OA– como “intermediario” de sobornos destinados a funcionarios del anterior gobierno kirchnerista. con una empresa holandesa y con Odebrecht para brindar servicio de lobby donde se cobraría un tres por ciento del monto de la licitación adjudicada a cambio de la prestación.
“Ya se ha visto cómo Odebrecht transfirió sumas millonarias a la cuenta Sabrimol y cómo Jorge Rodríguez, presunto lobbista / intermediario ante los funcionarios argentinos, se habría valido de una sociedad de fachada y una cuenta bancaria en Uruguay de donde habría salido dinero para pagos corruptos”, señaló el texto que la OA presentó al juez Torres.
El fiscal Delgado acompañó el pedido con un escrito en el que recordó que trabaja para determinar qué circuito completó el dinero que envió la constructora brasileña para pagar coimas y formar parte de la UTE que realizó la obra de Paraná de las Palmas.
Rodríguez ya fue citado a declaración indagatoria en otra causa vinculada a Odebrecht, el supuesto pago de sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento, y deberá presentarse ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
La OA sostuvo que hay evidencia de que Rodríguez fue “intermediario” y se presentaba como “interlocutor de Baratta (mano derecha de De Vido). En este tramo Odebrecht pagó sobornos por un total de 5,6 millones de dólares (desde enero de 2011 a enero de 2014) y por 850 mil dólares (de febrero a diciembre de 2014)”.
Sobre otro de los acusados y también detenido al igual que De Vido, el exsecretario López, la OA aludió a “mensajes extraídos del celular de López en la causa sobre su enriquecimiento ilícito, donde se alude directamente a Jorge Rodríguez al momento que el funcionario ordenaba frenar un pago destinado a Odebrecht”. BUENOS AIRES. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó ayer el allanamiento de las sedes de Independiente, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) en el marco de una causa por presunto lavado de activos en el club de Avellaneda, en la que están imputados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, dirigentes de la entidad roja.
Los allanamientos, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, tuvieron como objetivo reunir información sobre facturación de pases de jugadores y de proveedores de Independiente, según pudo saberse de fuentes judiciales.
Con los procedimientos en Independiente, en la AFA y en FAA, la investigación judicial busca datos sobre empresas como Aconra, de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, entre otras firmas que figuran en el expediente como presuntamente utilizadas para orquestar maniobras de lavado de dinero.
En la AFA –entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, yerno de Hugo Moyano–, los efectivos de la Prefectura solicitaron información sobre las compras y ventas de jugadores en las que haya participado Independiente. Además, pidieron los nombres de los representantes de esos futbolistas.
La causa contra los Moyano por presunto lavado incorporó en marzo la declaración como testigo ante el juez Armella del exjefe de la barra brava del club de Avellaneda Pablo “Bebote” Álvarez, detenido por “privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas” contra Ariel Holan, DT de Independiente.
Daniel Llermanos, letrado de Moyano, cuestionó las denuncias de Álvarez. Dijo que por sus antecedentes, “no debería tener credibilidad en sus dichos salvo que acompañara alguna prueba”.