Tarifazos y ciudadanía
La noción de servicio público se asocia con la responsabilidad estatal de satisfacción regular, continua y confiable de necesidades y servicios de interés general, ello con la perspectiva del usuario como “ciudadano”.
Los actuales descontextualizados “tarifazos” sobre servicios públicos esenciales resultan confusos e ilegítimos ajustes que, por su toxicidad tributaria, sacuden y complican complejas relaciones tributarias entre distintas instancias estatales.
Mal se pueden ignorar ni la cultura tarifaria asimilada entre 2003 y 2015 ni el colapso energético (admitido públicamente por la propia gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal), desafiando temerariamente modos y secuencias tarifarias transicionales e insoslayables para el período comprendido entre los años 2003/2018.
¿Quién dijo que se podía sincerar en poco más de dos años una mentira de 12 años?
Necesidad de acuerdos
Así, la gestión política viene postergando indolentemente acuerdos y coincidencias básicas que nos aseguren superar mucho atraso existente en la penosa calidad de vida de demasiados argentinos.
En efecto, cuando los mismos no disponen de servicios públicos esenciales con tarifas justas y razonables en materia de agua potable, de electricidad, de gas, etc., entonces perdura un no rotundo al bien común; fin, límite y responsabilidad de todo Estado, poder y funcionario.
De ello da cuenta la ralentización de una “agenda humana” que contemple concretamente la lucha contra la inflación, el déficit fiscal, etc., supuestos básicos para recuperar –de manera gradual y paulatina– matrices energéticas y disponibilidades existentes para 2003.
La política vernácula (cuyo costo no se toca ni se ajusta) de los últimos gobiernos democráticos aún no supo forjar vínculos más efectivos y dinámicos en pro de vincular a los argentinos, a las economías regionales y a las Pyme con oportunidades, innovaciones, recursos y servicios disponibles, en pos de perforar con palpable movilidad social ascendente los afligentes índices de pobreza e indigencia imperantes.
Entonces es hora de recuperar y acelerar federalmente nuestro desarrollo humano, proponiéndonos de modo mancomunado el logro de una cultura de la satisfacción, no sólo para ese tercio de conciudadanos argentinos empobrecidos por la ineficiencia política y la corrupción, sino para las próximas generaciones.
Para ello, en nada ayudan recurrentes “defecciones” de Nación, provincias y municipios en materia de impuestos, tasas, tarifas y facturaciones sobre usos y consumos de electricidad, de agua potable o de gas, etc.; por ejemplo, al alzarse en contra de las resoluciones Enre 106 y 159/94. (Severas advertencias: ninguna distribuidora eléctrica está autorizada a percibir importes superiores a los del cuadro tarifario o por conceptos distintos al mismo, salvo los derivados de otras disposiciones del contrato de concesión, permiso, licencia o reglamento de suministro).
Por último, las imprevisibles e irrazonables cargas tarifarias que se nos pretende imponer por estos días violan el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores argentinos (salvo el de San Luis).
En ese acuerdo se estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, pero las irracionales tarifas, tasas e impuestos provinciales y municipales, aplicados con posterioridad a la suscripción del Consenso Fiscal, son un repudiable despropósito que afrenta a la ciudadanía usuaria.
Las tarifas deben ser justas y razonables; las tasas, impuestos y contribuciones, también.
LAS TARIFAS DEBEN SER JUSTAS Y RAZONABLES; LAS TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, TAMBIÉN.
* Investigador Cijs-UNC