Elhuevode la serpiente
Con valentía y realismo, El mecanismo es una serie brasileña de TV que nos habla de la megacorrupción de Odebrecht. Es como estar viendo en vivo y directo lo que pasa en la Argentina. La diferencia está en que en Brasil hay 160 empresarios y políticos condenados en la cárcel, y en Argentina, sólo ocho prisiones preventivas. Y ningún dinero robado fue recuperado.
Es como si la red de corrupción de Odebrecht, que actuó libremente en 12 estados, jamás hubiera llegado a la Argentina. Y es claro que grandes obras públicas argentinas fueron de Odebrecht.
Una red de corrupción que hizo caer a cuatro presidentes elegidos por el voto popular. Y en Argentina ninguna investigación avanza.
Tiempos de la Justicia
Los informes del Colegio de Abogados de Córdoba, de octubre del 2017, y de la Auditoría del Consejo de la Magistratura Federal, este año, analizan el comportamiento de la Justicia argentina en los últimos 20 años en relación con los delitos del poder.
Catorce años de duración tiene un proceso judicial por corrupción en Argentina y sólo un cuatro por ciento de índices de condena. Esta es la variable explicativa central de la desconfianza del argentino en la Justicia.
Es una muestra de la impunidad de que gozan en la Argentina los delitos del poder político y económico.
La realidad argentina es idéntica a la de Brasil. La corrupción es una estructura y un sistema que abarca a los poderes políticos, económicos y judiciales.
El kirchnerismo no sólo mantuvo la corrupción del menemismo, sino que la cartelizó, es decir, la dejó en pocas manos que respondían a la “Corona”.
Es claro que el macrismo no sabe o no quiere desmontar esa estructura. Con ministros que tienen depósitos en paraísos fiscales, nadie puede pensar que se luche en serio contra la corrupción.
Hacia un cambio
Los presupuestos ideológicos y legales de los que se debe partir para una propuesta legislativa eficaz de lucha contra la corrupción son los siguientes:
1. Todas las normas que se modifiquen, sean penales o procesales o de carácter administrativo, deben estar en una sola megaley, siguiendo la metodología de los tratados de derechos humanos. No caben reformas aisladas. El golpe legal debe ser simultáneo.
2. El objetivo principal de esa megaley debe ser garantizar los derechos de las víctimas de la corrupción. Es decir, los derechos de la sociedad, que son dos: recuperar los bienes robados y que se castigue eficazmente a los responsables. Derechos que la sociedad hoy no tiene en los procesos judiciales.
3. La garantía de la segunda instancia del artículo 8 de la Convención Americana no implica terceras ni cuartas instancias. Eso quiere decir que, con una sentencia de segunda instancia, las condenas en juicios por corrupción se deben cumplir íntegramente. La segunda instancia es la sentencia firme, tal como sucede en Brasil.
4. El “plazo razonable” que determinan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana es una garantía de las víctimas y no sólo del imputado. Es la sociedad, víctima de la corrupción, la que tiene derecho a que estos procesos judiciales no duren 14 años. Es la sociedad la que tiene derecho a que se le rechacen al imputado recursos dilatorios o maliciosos.
5. Está claro que estas normas penales procesales deben ser acompañadas por otras dos reformas, para darle coherencia al mensaje. Ningún funcionario público podrá permanecer en un cargo público (por designación o por elección) con un auto de procesamiento firme en delitos de corrupción o de lavado. Ningún funcionario público podrá permanecer en su cargo o ser designado si tiene depósitos monetarios o no monetarios en paraísos fiscales.
Costos
No estamos hablando de poesía, sino de igualdad ante la ley y de economía.
El Informe del Colegio de Abogados de Córdoba cuantifica el costo económico de la corrupción en los últimos 10 años en 20 mil millones de dólares.
Pero, además, la corrupción impacta en la distribución del ingreso. El índice de Gini en la Argentina de 2018 es de 45. Con un 30 por ciento de pobreza.
La corrupción impacta en el crecimiento del producto interno bruto, en la inflación, en las tarifas y en los precios.
Así como el falso garantismo nos engaña sosteniendo que los derechos del imputado corrupto son más importantes que los de la sociedad víctima, también nos ha engañado cuando sostiene que la corrupción de los últimos 12 años se justificaba por la lucha contra el neoliberalismo.
El proyecto “Justicia 2020”, en el que está comprometido el gobierno de Cambiemos y más allá de la honestidad de sus integrantes, es un proyecto inútil que no servirá para nada en términos de lucha contra la corrupción del poder.
Es una iniciativa que sólo busca ordenar un desorden normativo sin cambiar una coma en la política criminal o en la política judicial.
Di Lampedusa, en El gatopardo, traduce un diálogo entre el príncipe Fabrizio y Tancredi: “Para que todo siga igual, es necesario que algo cambie”.
EL KIRCHNERISMO NO SÓLO MANTUVO LA CORRUPCIÓN DEL MENEMISMO, SINO QUE LA CARTELIZÓ.
* Abogada y líder del GEN ** Abogado