Nadie preso en el juicio a policías
Por el acuartelamiento de 2013, la Justicia estableció condenas de entre seis meses y un año a 52 efectivos. Pero ninguno irá a prisión.
Ninguno de los 56 policías acusados de haber cometido delitos por su participación en el acuartelamiento que parte de la fuerza de seguridad realizó durante el 3 y 4 de diciembre de 2013 deberá cumplir una pena efectiva.
Así lo determinó anoche la Cámara en lo Criminal y Correccional 12, integrada por jueces y jurados populares, que dio a conocer una sentencia contra los involucrados en los sucesos que derivaron en una profunda crisis política del por entonces gobierno de José Manuel de la Sota.
Pese a que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la acusación, había solicitado penas de cumplimiento efectivo, la condena mayor fue de un año y de cumplimiento condicional, además de inhabilitaciones y multas hasta 12.500 pesos.
Los uniformados enfrentaron cargos por cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos e instigación a cometer delitos.
De acuerdo a la sentencia, 52 efectivos fueron condenados por haber incumplido con sus deberes de funcionario público, mientras que otros cuatro resultaron absueltos.
Los culpables, con excepción de Lucas Rodríguez –que se le impuso la pena de un año– cargan con condenas entre ocho y seis meses de cumplimiento condicional.
En tanto, el tribunal dictó nueve condenas por los delitos de desobediencia a la autoridad. Aquí la pena establecida fue de 8 meses.
Para el caso del delito de aplicación indebida de caudales públicos, el tribunal resolvió la absolución de todos los involucrados. La defensa
“No estamos todo lo satisfechos que nos gustaría, pero hemos podido demostrar que estos policías no son culpables de los delitos por los que fueron enjuiciados”, aseguró minutos después de la lectura de la sentencia el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de la mayoría de los acusados.
El letrado, que durante el conflicto en 2013 tuvo el rol de vocero de los uniformados amotinados, adelantó que tras conocer los fundamentos del fallo casará en el Tribunal Superior de Justicia las condenas de sus defendidos.
“De los cuatro delitos (los policías) han sido condenados por un delito, en algunos casos con multa, en otros con una pequeña inhabilitación. De manera que la defensa entiende que ha progresado muchísimo a partir de la acusación originaria”, afirmó Ortiz Pellegrini. “Vamos a seguir insistiendo para lograr la absolución total”, prometió.
En el proceso que concluyó anoche con la sentencia y cuyos fundamentos se conocerán el 31 de mayo, no se juzgaron los saqueos, ni los robos, ni la violencia que enmarcaron aquellos penosos días de comienzo de diciembre de 2013. El juicio se centró en el núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.
Cuando el juicio se inició, el 26 de febrero pasado, el fiscal de Cámara Mariano Antuña habló de estado de “anomia” generado por los servidores públicos y sostuvo que el reclamo laboral no debía desencadenar una situación de “todo vale”.
En ese momento, Garzón, el fiscal instructor, criticó la actitud asumida por los uniformados. “Las fuerzas de seguridad no tienen derecho de huelga”, había dicho para luego asegurar que los imputados “dejaron totalmente desprotegida” a la ciudad de Córdoba.
Impacto político
Durante los casi dos meses y medio que duró el proceso, declararon decenas de testigos, entre ellos el presidente provisional de la Legislatura, Oscar González, quien durante la rebelión policial se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno delasotista. “Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales, nunca nadie me atendió el teléfono. Fue imposible hablar con el jefe de Gabinete, que era Jorge Capitanich”, dijo González al declarar, apuntando contra la gestión K.
VAMOS A SEGUIR INSISTIENDO PARA LOGRAR LA ABSOLUCIÓN TOTAL DE LOS POLICÍAS ENJUICIADOS.
Miguel Ortiz Pellegrini