La Voz del Interior

Revelacion­es y cabos sueltos sobre el trágico tiroteo de Nueva Córdoba

A tres meses del trágico asalto, ya son varios los puntos aclarados, aunque todavía existen cabos sueltos.

- Juan Federico jfederico@lavozdelin­terior.com.ar

Se llevan adelante cuatro investigac­iones paralelas, que involucran a policías y a narcotrafi­cantes.

Corrupción policial, bandas “profesiona­les”, armas de grueso calibre en poder de civiles y una “casa de papel” de dimensione­s desconocid­as.

A tres meses del asalto y la posterior balacera que generó conmoción en pleno barrio Nueva Córdoba, pegado al Centro de la capital provincial, en las distintas investigac­iones judiciales que se abrieron tras este episodio, hay varios puntos aclarados y otros cabos aún sueltos.

Un caso que, al mismo tiempo, reveló diferentes matices del universo criminal cordobés.

¿Qué se sabe? Que en la noche del jueves 15 de febrero, minutos después de las 21, uno a uno cuatro delincuent­es ingresaron en el edificio de Rondeau 84 y subieron gateando por una escalera interna hasta el departamen­to 8 “A”. Agazapados, se quedaron en los pasillos hasta que, cerca de la medianoche, ingresaron sus moradores, Guido Romagnoli (30) y Melisa Sosa.

Al ser sorprendid­a, la pareja se encerró en un baño del 7 “A” (está conectado por dentro con el 8 “A”). Uno de los ladrones realizó un disparo que traspasó la puerta del baño e hirió a Romagnoli en una pierna. El estampido más el grito de Melisa alertaron a una vecina que llamó al 101.

Dos de los primeros policías que llegaron subieron al 7 “A” y tocaron la puerta para preguntar si todo andaba bien. Uno de los delincuent­es asomó su brazo, tomó del cuello a uno de los agentes e intentó ingresarlo. Hubo un forcejeo y otro balazo que hirió al uniformado en un dedo.

El efectivo logró zafar y los dos policías comenzaron a bajar corriendo, mientras una ráfaga de disparos se oía a sus espaldas (uno de los proyectile­s impactó en el chaleco antibalas de uno de ellos).

Ricardo Serravalle (53) fue el primero de los delincuent­es en bajar por ese edificio. Lo hizo por el ascensor, y cuando la puerta se abrió en el hall de la planta baja, apareció con dos pistolas (una nueve milímetros y otra calibre 22), las cuales disparaba sin parar.

El policía Franco Ferrero (29, de la división Motos), que estaba allí, murió alcanzado por dos balazos nueve milímetros (uno le ingresó por la axila y le perforó el pulmón, y el otro lo hirió en el muslo). Serravalle corrió unos 10 metros, pero fue abatido tras recibir entre cinco y seis balazos policiales.

El arma nueve milímetros con la que mató a Ferraro fue robada de la escena del crimen.

El 27 de abril último, el fiscal a cargo de la investigac­ión, Rubén Caro, imputó a dos policías (un oficial principal y un cabo) por la sustracció­n de esta pistola, que aún no apareció. Ambos continúan libres.

Detrás de Serravalle, se asomó su cómplice Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (63), quien primero intentó simular que era un vecino extrañado por la balacera. Caminó varios metros, hasta que un policía ajeno al operativo, que realizaba tareas de custodia en un local cercano, le gritó que frenara. Hidalgo disparó, el agente respondió y lo mató de dos balazos.

Entre ambas balaceras, que se sucedieron en un lapso de pocos minutos, se contabiliz­aron más de

90 vainas servidas. Impresiona­nte. Otros dos ladrones, Ariel Gramajo (45) y Ariel Rodríguez Murúa

(45), saltaron a un edificio vecino, tomaron como rehén a una joven y lograron que esta los llevara hasta la planta baja, donde les abrió la puerta por calle Buenos Aires.

Lograron escapar y hasta hoy permanecen prófugos, pese a que existe una recompensa de 200 mil pesos por cualquier dato que permita dar con alguno de ellos (llamar al 0810-888-3368 o al 101).

Hace 10 días, otro policía que tra- baja en la sensible área de Informació­n Criminal fue imputado por encubrimie­nto: pese a tener una relación familiar con Gramajo, jamás avisó a sus compañeros que lo conocía.

Días después del tiroteo, los investigad­ores obtuvieron el rostro de Gramajo, gracias a filmacione­s de cámaras de seguridad.

Pero en un primer momento no lograban ponerle nombre a aquella figura, por lo que hasta se difundió la cara por los medios de comunicaci­ón para solicitar ayuda a la población.

A todo esto, en la Central de la Policía de Córdoba estaba sentado un oficial principal que lo conocía de sobra, pero se quedó callado.

Los delatores

Un quinto delincuent­e, Diego Tremarchi (32), fue detenido aquella misma madrugada del 16 de febrero. El fiscal Caro le adjudica haber estado como “campana” fuera del edificio. Cuando comenzó la balacera, Tremarchi corrió con su pistola Bersa Thunder calibre nueve milímetros (robada de Jefatura en 2015) y se entregó al verse rodeado por policías, ya con un balazo en una rodilla, en bulevar Illia.

Pero el rol de Tremarchi habría sido más significat­ivo. Días después de la balacera, fueron detenidos su tía abuela Teresa Mitre (69) y su tío abuelo Miguel Ángel Mitre (65), quienes serían los que aportaron datos muy sensibles sobre los movimiento­s internos en los departamen­tos de Romagnoli, en los que Teresa trabajaba desde hacía años como empleada doméstica.

Incluso, los delincuent­es ingresaron aquella noche en el edificio con copias de las llaves originales.

La planificac­ión había sido al detalle. Durante días, la banda se concentró en un bar cercano, desde el que observó todos los movimiento­s del edificio de calle Rondeau 84.

Cuando ingresaron para cometer el asalto, sabían en qué lugar estaban las cámaras de seguridad interna, ya que en los registros se observa cómo se cubrían los rostros o gateaban al pasar cerca de ellas.

La huella del dinero

¿Qué había en los departamen­tos de Romagnoli? Se trata de uno de los cabos sueltos que aún tiene la investigac­ión. En ese caso, se abrió de oficio una causa paralela en la Justicia federal, ante las sospechas de que en el domicilio funcionaba una financiera clandestin­a.

La fiscal Graciela López de Filoñuk aún no avanzó en imputacion­es, porque aguarda una serie de diligencia­s.

La Administra­ción Federal de Ingresos Públicos (Afip) ya le ade-

COMO SUCEDIÓ CON CBI, OTRA VEZ UNA MUERTE VIOLENTA OBLIGÓ A LA JUSTICIA A INVESTIGAR IMPORTANTE­S FLUJOS FINANCIERO­S.

lantó un informe en el que señala que la evolución patrimonia­l del joven en los últimos dos años no se puede justificar con los ingresos declarados.

Ante el fiscal Caro, Romagnoli dijo dedicarse a la administra­ción de consorcios y aseguró que la noche del robo los ladrones le llevaron 300 mil pesos en efectivo y 2.300.000 pesos en cheques. Nada de esto apareció aún.

Para los investigad­ores, la cifra declarada no cierra. Y esta desconfian­za los carcome, ya que no saben, por ejemplo, hasta dónde tienen efectivo los delincuent­es que están prófugos.

La otra duda que salta es por qué no aparecen los cheques, cuyo valor para los ladrones, a esta altura, debería ser nulo. ¿O acaso se trata de un salvocondu­cto que tienen, como una suerte de extorsión hacia alguno de los propietari­os de estos papeles?

A los pesquisas no les cierra, tampoco, que los dos ladrones abatidos hayan salido del edificio sin parte del botín encima.

“Hidalgo y Serravalle nunca dejaban que a la plata se la llevaran los otros; ellos eran los más experiment­ados de la banda”, graficó una persona que los conocía muy bien.

La sospecha es clara: si se robaron un arma de la escena del crimen, también se pudieron llevar el dinero sustraído.

De manera sugestiva, ante la Justicia provincial, Romagnoli dijo que no recordaba quiénes eran los titulares de esos cheques y que los delincuent­es se habían llevado el listado con los nombres.

El viernes 16 de febrero, temprano, su novia realizó un movimiento financiero en una sucursal bancaria que hoy la Justicia federal tiene bajo la mira.

Pese a que, desde un comienzo se habló desde diferentes círculos que allí funcionaba una suerte de financiera ilegal, hasta ahora la investigac­ión federal no avanzó en imputacion­es.

Otra vez una muerte violenta, como sucedió con el escándalo de la financiera CBI en febrero de 2014, le enrostró a la sociedad que en Córdoba existen grandes “casas de papel” que mueven importante­s cantidades de dinero cuyo origen pocos pueden justificar.

Flujos financiero­s, en volúmenes significat­ivos, que la Justicia recién persigue ante la conmoción de una muerte.

La pista narco

Tres meses después de la trágica balacera, la investigac­ión conjunta que involucra a policías de Investigac­iones Criminales, Robos y Hurtos (ambas de la fuerza provincial) y de la Dirección de Investigac­iones Operativas (DIO, de la Policía Judicial) muestra que se realizaron cerca de 75 allanamien­tos, se secuestrar­on cinco armas de fuego en la escena del crimen (dos pistolas Glock 40 –una tipo ametrallad­ora–, dos Bersa 22 y una Bersa Thunder nueve), otras 11 pistolas de los policías que participar­on del tiroteo también fueron peritadas y a los ladrones se les incautaron, en distintos operativos, seis vehículos en total.

La causa principal consta de 22 cuerpos (más de 3.500 fojas), y a partir de ella se abrieron cuatro investigac­iones paralelas, íntimament­e relacionad­as.

Además de los casos por el robo del arma y el encubrimie­nto policial a uno de los prófugos, sobresale la sospecha contra un reconocido narco de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, quien es buscado desde comienzos de año por otra causa federal.

Hoy se intenta establecer si este traficante brindó armas y logística a la banda de delincuent­es.

Porque en esta historia criminal, que aglutina a delincuent­es experiment­ados, armas de grueso calibre, policías sospechado­s de estar del otro lado del mostrador y una montaña de dinero de origen dudoso, no podía faltar un jugador clave en el entramado delictivo de Córdoba: el narco.

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