Una instancia judicial bajo sospecha
La escasa celeridad y la módica imparcialidad que exhiben algunos jueces con responsabilidad de investigar los casos de corrupción, que supuran desde la administración pública en la Argentina, contribuyen a profundizar el escepticismo de la ciudadanía sobre el verdadero rol de la Justicia.
Los comportamientos complacientes según los poderes políticos de turno son una constante desde hace décadas, lo cual conspira contra la demanda colectiva de investigar y enjuiciar a los funcionarios infieles y corruptos.
La Legislatura Unicameral de Córdoba ha sido por estos días escenario de arduos debates entre parlamentarios oficialistas y de la oposición, por el escarpado derrotero del fuero Penal Económico y Anticorrupción de la Justicia provincial.
Esa instancia fue creada por ley durante el primer período de gobierno de José Manuel de la Sota (1999-2003) y entró en vigencia a principios de 2004.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido hasta la fecha, el fuero Anticorrupción fue recurrente noticia por su presunto desinterés en entablar investigaciones que involucraran a referentes del poder político y económico, aun ante denuncias que fueron elevadas con una buena dosis de carga probatoria que ameritaba abrir un expediente.
Escándalos, ascensos polémicos y pronto archivo de causas, entre otros procederes vidriosos, jalonaron el destino de este fuero al que, en enero de este año, el propio gobernador Juan Schiaretti amagó con eliminar.
Pero todo continúa como entonces y la oposición parlamentaria redobla sus críticas y reclama la abolición de este instituto judicial, al que acusan de connivencia con Unión por Córdoba, la coalición dominada por el peronismo que en 2019 cumplirá 20 años ininterrumpidos en el poder.
La idea dominante (incluso la que se esbozaba cuando el Poder Ejecutivo amagó con la eliminación del fuero en cuestión) radica en que una Cámara Penal “baje” a las distintas fiscalías las causas que tengan que ver con casos de corrupción en la administración pública del Estado.
A la luz de lo sucedido el pasado miérco- les en la sesión de la Unicameral, no habrá innovaciones al respecto: el oficialismo prestó oído a la batería de críticas de la oposición, pero optó por mandar el proyecto al archivo.
Ahora bien: ¿la desaparición del fuero Anticorrupción de Córdoba contribuirá a la solución del problema? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la cabeza del Poder Judicial de Córdoba por la parsimonia, la desidia y las sospechas que ensombrecen a esa instancia penal?
Distintos estudios (entre ellos uno de la Universidad Católica Argentina) coinciden en que la credibilidad en la Justicia argentina sigue en picada. De ello se infiere que las falencias son extendidas y que exceden a circunstanciales operadores judiciales.